La nueva ruta del Tren Maya, anunciada por el presidente López Obrador tras la remoción de Rogelio Jiménez Pons como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (Fonatur) ha originado decenas de denuncias porque el reciente trazado incumple con todas las leyes y normas ecológicas.
Luego de declararse en desacuerdo por la imposición gubernamental sin importar los daños que pudiera ocasionar la obra que sigue en edificación en la Península de Yucatán, diversos grupos ambientalistas-ecologistas nacionales ya fueron descalificados por el Jefe del Ejecutivo federal, a los que calificó de “pseudoambientalistas pagados por Claudio X. González”.
Para infortunio de los mexicanos que no comulgan con la llamada Cuarta Transformación referida así por el tabasqueño, el exponer razones de peso y conocimiento a fondo del estudio de los subsuelos y el medio ambiente, los contrapone a los designios del mandatario.
Ya encarrerado, López Obrador ha sido capaz de reiterar que los que se pronuncian en contra de la construcción de otra de sus emblemáticas obras, están equivocados y “comprados” por los conservadores; los que dice, son detractores de su régimen.
Y en verdad, no hay un día en donde el que se supone es el presidente de todos los mexicanos, -como lo mandata nuestra Constitución- descalifique con epítetos a los que se refieren con declaraciones sustentables y que no empatan con sus proyectos.
Con documentos e investigaciones públicas que están a la vista de todos, por ejemplo, la abogada ecologista, Claudia Lach, estudiosa del derecho ambiental, reitera que por el bien del subsuelo de la Península de Yucatán la obra magna de AMLO debería ser analizada a fondo.
La abogada expuso que cualquier obra que se ejecute en suelo peninsular yucateco tendrá que ser sustentado de forma contundente y con las leyes y códigos en la mano.
Arguyó que el trazado del Tren Maya debería revisarse y evitar su paso por las Reservas de la Biosfera y en todo caso, consultar de manera previa, informada y apropiada para cualquier uso de territorios indígenas, como marca la ley y el Convenio 169 de la OIT.
Debe realizarse también un estudio exhaustivo de impacto ambiental, sin trabas ni recomendaciones dirigidas por el mismo Ejecutivo federal y obtener del mismo, lo más apegado a la naturaleza y al estado de derecho consagrado en nuestra Carta Magna.
La obra del Tren Maya supone un impacto ambiental demasiado elevado, aunque se niegue, pone en peligro el ecosistema y la biodiversidad de la selva maya.
Tampoco debe ignorarse en los estudios ambientales a profundidad, de la reserva ecológica tan importante que existe en la península, así como las muy importantes pirámides de la zona maya, -orgullo mundial- las que deben de preservarse a toda costa, al precio que sea.
Existen estudios y proyectos presentados en innumerables foros internacionales en donde se ha ponderado el trabajo desarrollado por naciones varias de Europa, entre las que se cuenta, Noruega, Suiza, Suecia, Francia, Gran Bretaña y varias más que han precisado, los países que mejor conserven su patrimonio cultural y natural, serán mañana destinos más atractivos para la sustentabilidad y el turismo mundial.
De ahí que el impulso de proyectos turísticos de capital extranjero como el Tren Maya, sumados a los monocultivos de palma africana y de soja, ganadería, tala y tráfico ilegal de especies, aunque no se quiera reconocer, amenazan reservas ecológicas de valor ambiental y cultural estratégico, así como a las comunidades indígenas mayas y campesinas.
Por ello, todos los estudios a profundidad que se ejecutan en torno a la obra insignia de López Obrador, que está clasificado como un proyecto de gran envergadura nacional e internacional, supone la expropiación de tierras y la adquisición de derechos de vía que afectarán también a comunidades de toda la península.
Las innumerables quejas que se han presentado en foros nacionales e internacionales por la edificación del Tren Maya, se debe de manera exponencial porque las comunidades locales e indígenas afectadas no han recibido por adelantado y con tiempo, la información suficiente y verídica referente al tren, lo cual no ha sucedido y como están las acciones en Palacio Nacional, no sucederán. Al tiempo.
Notas de Trascendencia
Al final de la truculenta historia organizada por el senador con licencia, Martí Batres, secretario de gobierno de Ciudad de México, y su jefa, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reconoció ayer por la tarde haber agredido a dos policías auxiliares y pactó con ambos un acuerdo reparatorio y así retomará su encargo para el que fue electa hace ya casi un año.
La funcionaria reconoció que los hechos ocurrieron tal y como lo acreditó el ministerio público que analizó la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, por los llamados guardianes del orden.
Por ello, Cuevas Nieves se comprometió a pagar el costo del radio de comunicación y de un teléfono celular que, en supuesto, destruyó la funcionaria pública.
Cuevas fue acusada de agredir de forma verbal y física a dos oficiales, luego de que los elementos tuvieron diferencias con funcionarios de la demarcación sobre el reacomodo del ambulantaje en el perímetro del Centro Histórico.
De esa forma, Cuevas volverá en un par de días a la jefatura de Cuauhtémoc, alcaldía que Claudia Sheinbaum Pardo le había querido arrebatar por la mala a la hoy panista. Sheinbaum ahora sí llorará, como ella escribió en sus redes cuando presenció con López Obrador la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Tecámac, el lunes anterior.
Marco Antonio García Granados
