De no haber consenso entre los poderes Ejecutivo y Judicial, la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos será impuesta por decreto presidencial, con lo cual se registrarán intereses irreconciliables e irreversibles en perjuicio del país y de las instituciones.
Si bien es cierto que los conflictos suscitados a raíz de las promesas ofrecidas en campaña por AMLO son el origen de la supuesta sublevación del Poder Judicial, la molestia de los integrantes de éste se da por la baja de salarios que desea imponer a uno de los poderes de facto del Congreso de la Unión.
Aunado a los resentimientos personales de López Obrador a todo lo que huela a PRI y PAN, las imposiciones del mandatario rayan en el absurdo, por el capricho que esgrime cada vez que declara en contra de cualquier tema del pasado gubernamental.
Hace unos días que se registró la supuesta sublevación de la mayoría de los integrantes de ese poder, el conflicto se hizo mayúsculo cuando el propio López Obrador declaró que había jueces que ganaban hasta 600 mil pesos, lo que de ser cierto, “es ofensivo al pueblo”
Al “pisar callos” el Jefe del Ejecutivo federal, los afectados declararon que no permitirán que les sean reducidos los salarios que han disfrutado desde hace muchos años y que ganan por el trabajo que desempeñan, pese a haber sido difamados y hasta nombrados “integrantes de la mafia”, están dispuestos a subsanar resentimientos.
Desde la aparición del decreto de esa ley mal ajustada por los genios senadores de Morena, suman ya 862 demandas de amparo contra esa iniciativa.
Dichas demandas contemplan 4 mil 74 servidores públicos, de las cuales, 383 son magistrados, 351 jueces, 1 mil 414 secretarios, 712 oficiales judiciales 308 actuarios y el resto de otras dependencias como Pemex, la desaparecida Procuraduría General de la República, el Cisen, el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal de Competencia Económica.
Además de criticar esa legislación, los funcionarios judiciales señalaron en sus demandas de garantía, la otras reformas impulsadas que afectan también al Poder Judicial, como la rotación de jueces y magistrados.
Los secretarios de juzgados y tribunales señalaron que condicionar el salario de servidores públicos al del titular del Ejecutivo, es una muestra del presidencialismo, de autoritarismo total que pretende imponer López Obrador en cada una de sus acciones.
Y el conflicto va más allá y apenas comienza, ya que los integrantes afectados refieren que los ataques a la independencia judicial cuya preservación también les atañe como operadores jurídicos y del equipo de trabajo del juzgador, se encuentran ya producidos y los faculta para instar la acción de amparo; porque lesiona los principios fundamentales de la Constitución.
