Pecaríamos de ingenuos si supusiéramos que la única funcionaria del gobierno de Coahuila involucrada en el escándalo de las empresas fantasma, es la ex secretaria de Infraestructura y Transporte de Coahuila, María Esther Monsiváis Guajardo.
Es muy poco probable que Monsiváis Guajardo haya actuado sola y que personal de la Secretaría de Finanzas, e incluso el gobernador Rubén Moreira, no hayan estado, por lo menos, enterados de las operaciones ilegales.
La empresa Riviera Álamo, propiedad de un ex empleado de Monsiváis y de un chofer de camiones de una ruta urbana de Monterrey, es sólo una de las empresas inexistentes a las que el gobierno de Coahuila ha pagado, hasta donde se conoce, 160 millones de pesos. Sin embargo, parece más que obvio que Rubén Moreira ya encontró su chivo expiatorio y que toda la responsabilidad le será imputada a la ex secretaria.
Por supuesto que, de ser encontrada culpable, María Esther Monsiváis debe ser castigada en conformidad a lo que la Ley exige. Pero, de ninguna manera podemos aceptar que sólo a ella se le juzgue y condene, cuando a todas luces hay otros que participaron en el desfalco a las finanzas coahuilenses.
De hecho, el gobernador Rubén Moreira y su secretario de Finanzas, deberían solicitar licencia a sus cargos para que pudiera llevarse a cabo una investigación seria del caso.Por supuesto que no lo van a hacer.
Dejarán que se hunda sola Monsiváis Guajardo y darán por concluido el caso. Los ciudadanos debemos, por tanto, estar muy atentos a lo que venga. Recordemos que la empresa Riviera Álamo únicamente facturó 24 millones, y que quedan, 136 millones por ser explicados y que hay, por lo menos, otras siete empresas de cuyos dueños aún no sabemos quiénes son.
Rubén Moreira encontró su chivo expiatorio, pero olvida que México ya no es el mismo. Hoy hay ciudadanos que no se dejan engañar y que exigen que se ponga fin a la corrupción de los Moreira en Coahuila.
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