La muerte de Kevin Ramos, un niño de 11 años atropellado por un conductor ebrio de Transportes Castores en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ha destapado una herida profunda: la falta de controles estrictos para quienes conducen vehículos pesados y la impunidad que sigue manchando al sistema de justicia.
Este no es solo un caso de negligencia; es un reflejo de un Estado que, con políticas como las licencias de conducir sin renovación en Tamaulipas, pone en riesgo a sus ciudadanos. La tragedia de Kevin exige un cambio urgente: no cualquiera debería estar al volante de un camión, y las autoridades deben actuar con mano firme para evitar más pérdidas.
El conductor, Emanuel “N”, manejaba bajo los efectos del alcohol y, en un acto inhumano, trasladó al menor herido a las instalaciones de la empresa en lugar de buscar ayuda médica. Esta acción, que retrasó la atención crítica que Kevin necesitaba, no solo agrava su responsabilidad, sino que evidencia una falla estructural en la supervisión de quienes manejan vehículos pesados.
Alma Chávez, desde la Federación Iberoamericana de Asociaciones Contra la Violencia Vial, expresó con contundencia: “Estamos indignados por el fallecimiento de Kevin. El responsable, por ir en estado de ebriedad, actuó con dolo y mala fe al llevar al menor en estado grave a las instalaciones de la empresa. Se deben fincar responsabilidades tanto a la empresa como al elemento de la policía que le realizó la prueba de alcoholemia al presunto culpable.
Se le debe juzgar por homicidio doloso y por secuestro dadas las agravantes. Nos solidarizamos con la familia de Kevin y exigimos justicia”. Sus palabras resumen el sentir de una sociedad que no tolera más omisiones.
La política de licencias permanentes en Tamaulipas es un peligro latente. Sin revisiones periódicas, no hay garantía de que los conductores —especialmente de camiones— estén capacitados, sobrios o conscientes de la responsabilidad que implica su labor. Encontrar latas de cerveza en la cabina del vehículo involucrado no es un detalle menor; es la prueba de que los controles son insuficientes.
Un camión en manos de alguien irresponsable es un arma letal, y el Estado, al no exigir exámenes rigurosos ni pruebas toxicológicas regulares, se convierte en cómplice silencioso de estas tragedias.
La indignación crece ante la inacción de las autoridades. Que el conductor siga libre, que la oficina de Transportes Castores no haya sido clausurada y que no exista una orden de aprehensión cinco días después es inaceptable.
La Fiscalía General de Justicia debe responder con transparencia y celeridad. Pero no basta con castigar a un culpable; es crucial prevenir. El gobernador Américo Villarreal tiene la oportunidad de liderar un cambio: revisar las licencias permanentes, endurecer los requisitos para conducir camiones y garantizar que las empresas asuman su responsabilidad en la supervisión de sus empleados.
Kevin no es solo un nombre en una carpeta; es el símbolo de una deuda histórica con la justicia.
La exigencia de la Federación Iberoamericana y de los ciudadanos de Tamaulipas es clara: castigar con todo el peso de la ley al responsable y reformar un sistema que permite estas tragedias. No queremos más carpetazos ni más familias destrozadas. Que la muerte de Kevin sea el impulso para un Estado que priorice la seguridad vial y la vida de sus ciudadanos.
