El lunes pasado, en un salón discreto de la Ciudad de México, se relanzó –o más bien se recordó– el informe "Anatomía de la Movilidad en México: Hacia dónde vamos", ese documento de 2018 que la SEDATU editó con datos hasta 2017 y que ahora, en 2025, vuelve a circular como un fantasma en medio del debate presupuestal.
No fue un estreno rutilante, sino un repaso amargo: mientras la 4T presume trenes mayas y aeropuertos faraónicos, este informe –apoyado por INEGI y CONAPO– nos recuerda que la movilidad en México no ha avanzado un centímetro en siete años.
Es como si el país se hubiera quedado atrapado en un embotellamiento eterno, y el volante lo tuvieran los mismos de siempre: los privilegiados que eligen entre Uber o SUV, mientras el 70% de la población se ahoga en micros y banquetas invisibles.
El informe no miente, y por eso duele. En el periodo 2013-2017, el gasto federal en movilidad sumó 39 mil 248 millones de pesos, de los cuales el 74% se fue a infraestructura vial para autos privados. Sí, leyeron bien: tres cuartas partes del presupuesto para pavimentar el camino de los que tienen cochera, mientras que el 21% –apenas una migaja– fue para transporte público, ciclovías y espacio peatonal.
En Aguascalientes, por ejemplo, el desbalance fue similar: 55% a vialidades y solo 24% a lo sostenible. Y esto en un país donde el 80% de los viajes al trabajo o la escuela se hacen en modos no motorizados o colectivos, según la Encuesta Anual de Transporte del INEGI. Es una radiografía de la desigualdad: los pobres caminan, los ricos aceleran.
Pero lo crítico no es solo el número, sino la persistencia. Siete años después, ¿qué ha cambiado? Nada sustancial. La Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable, que Rosario Robles impulsó en 2014 con bombos y platillos –incluyendo reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos–, prometía priorizar al vulnerable, reducir emisiones y cumplir con los ODS.
Hoy, en 2025, el Metro de la CDMX colapsa con trenes centenarios y presupuestos recortados; el Tren Maya devora 500 mil millones sin conectar periferias reales; y la congestión vial nos cuesta el 2-3% del PIB anual, unos 300 mil millones de pesos perdidos en humo y gasolina.
Y lo peor de todo es que el informe lo advierte: la movilidad no es un lujo técnico, es un derecho básico que se vulnera diariamente. El 60% de los usuarios de transporte público son mujeres de bajos ingresos, expuestas a acoso y violencia, y el 25% de las emisiones de CO2 vienen de un parque vehicular que crece 5% al año sin electrificación seria.
En Tamaulipas, donde radico y escribo, el diagnóstico es aún más crudo. Autopistas como la de Reynosa a Matamoros son trampas mortales por falta de alternativas interurbanas seguras, y en Ciudad Victoria el centro histórico languidece porque nadie invierte en trolebuses o BRT que conecten colonias marginadas.
Pero aquí va lo que me indigna de verdad: este informe no es nuevo, y su relanzamiento en diciembre –justo cuando el presupuesto 2026 se discute– huele a maniobra dilatoria.
En un México que se dice transformado, admitir esta necrosis sería el primer paso. Pero mientras el informe duerme en PDFs gubernamentales, seguiremos pagando el peaje de la indiferencia. Es hora de que los candidatos 2026 lo lean en voz alta, y no como anécdota, sino como sentencia. Porque si no operamos esta herida abierta, la movilidad mexicana no irá "hacia dónde vamos", sino directo al colapso.
