Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron su decisión de negarse a usar los nuevos vehículos que adquirió el máximo tribunal para sus traslados, los cuales tuvieron un costo de al menos 25 millones de pesos.
A través de las redes sociales, el organismo de justicia dio a conocer que solicitará que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, declararon.
Para dar mayor información, adelantaron mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones del Máximo Tribunal.
El jueves pasado, la Suprema Corte dio a conocer que renovó la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, por lo que adquirió nueve unidades con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad de los togados.
La decisión se toma días después de las críticas que han surgido por la adquisición de estos vehículos.
Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan…
— Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2026
Eran camionetas de más de un millón
De acuerdo con funcionarios del alto tribunal, se trata de camionetas Jeep Cherokee, las cuales en el mercado tienen un valor entre 800 mil y un millón 700 mil pesos, sin contar el costo del blindaje.
Cabe mencionar que, en el mercado, ese tipo de vehículos tienen un valor entre 800 mil y un millón 700 mil pesos, esto sin contar el costo del blindaje.
En un comunicado, el Alto Tribunal señaló que la decisión de renovar la flotilla contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, quienes concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación.
“La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, apuntó.
LP
