Sin duda Sergio Baños, presidente municipal de Pachuca, se está enfrentando a dos retos de la administración pública: el primero, sus antecesoras como un equipo experto en materia de Derechos Humanos y el segundo, la clara y activa participación de la ciudadanía más allá del voto.
El reciente suceso de brutalidad policial a dos civiles, documentado por otra civil muestra la claridad de ello. La ciudadanía está pendiente de la protección de sus derechos y asume acciones para su defensa. Sirve de pretexto para poner en discusión la labor policial y el uso de la fuerza.
En 19 países del mundo las patrullas locales no portan armas por disposición legal, éstas se reservan para equipos de respuesta especializados de atención a crimen organizado, entendiendo que una disputa de civiles no armados en vía pública no requeriría el uso de armas. Estudios demuestran que la disposición cercana de amas aumenta las reacciones de violencia en su uso.
Por supuesto que evitar la portación de armas no es garantía para evitar el abuso policial, el uso de la fuerza ha cobrado vidas. Señalemos entonces que tal uso de la fuerza se recomienda sólo en casos extraordinarios, es decir, no hay un uso legítimo de la fuerza en conflictos civiles.
Las imágenes del video difundido son impactantes, es claro que el modelo de intervención que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de la capital del estado no muestran capacitación en mediación de conflictos y su reacción no abona a una cultura de paz.
El trabajo de las y los oficiales de policía requiere cuestionar la cercanía con la ciudadanía y la relación con ella. Cuando el equipo está capacitado, los casos de brutalidad policial disminuyen y los arrestos se logran sin una sola arma presente.
Lol Canul
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