Abril da la oportunidad de profundizar en reflexiones sobre las problemáticas que enfrentan las personas autistas. Porque, si bien muchas instituciones difunden mensajes de apoyo, aún persisten prácticas que dificultan el pleno ejercicio de los derechos de esta población.
Un caso que ha sido señalado por personas autistas en distintos estados del país es la dificultad para acceder a la credencial de discapacidad, a pesar de que el autismo es reconocido como una discapacidad psicosocial. Este documento no solo representa un reconocimiento institucional, sino que también permite acceder a servicios, apoyos y políticas públicas fundamentales para fortalecer la autonomía de las personas que viven con alguna forma de discapacidad. La falta de acceso a esta credencial limita el ejercicio de derechos como la atención médica especializada, el transporte adaptado o el acceso a la educación y el empleo, recrudeciendo condiciones de desigualdad a las que ya de por sí enfrentamos cotidianamente.
En este contexto, resulta importante revisar las prácticas institucionales que buscan la garantía de derechos, para que dicha obligación no quede solo en lo simbólico. Compartir mensajes en redes sociales en fechas conmemorativas aporta a la visibilidad, pero al mismo tiempo deben acompañarse acciones que respalden el interés y no se trate de un discurso vacío de contenido. El cambio necesario es estructural: implica garantizar diagnósticos sin estigma, establecer adaptaciones razonables en diversos espacios y, sobre todo, asegurar que las voces autistas sean escuchadas y consideradas en la formulación de políticas públicas.
Reconocer el autismo desde la diversidad humana es también reconocer que las personas autistas son sujetas de derechos, y que su participación activa y plena es indispensable para construir un país más justo y accesible para todas las personas.
