Cuando se habla de defender y posicionar los derechos de la participación política de las mujeres en la agenda pública, desde la mirada feminista, no hay marcha atrás.
Sin titubear ni otorgar concesiones de ningún tipo, aun cuando existan distintas preferencias, militancias, fobias y filias partidistas, se tiene que actuar de manera firme, clara y congruente.
Evitar la deliberación -más si somos mujeres con el privilegio de participar en la vida pública- no contribuye a combatir el rezago histórico y estructural, que nos ha hecho enfrentar escenarios de profundas asimetrías y barreras, para el disfrute pleno de nuestros derechos políticos y el acceso a los más altos cargos de elección popular.
Sí, ahora en Coahuila se tiene esta oportunidad ejemplar y aunque el entramado legal ha sido complejo y difícil de explicar, las instituciones electorales, del poder judicial y los ayuntamientos, pueden consolidar y actuar a favor de garantizar el derecho humano de la participación política de las mujeres en el próximo proceso electoral.
En el contexto estrictamente local, los 38 ayuntamientos de la entidad a través de sus cabildos, pueden votar a favor de la reforma en materia de paridad de género y retirar el artículo transitorio segundo del decreto 193, que difiere la posibilidad de contar, en su totalidad, con candidaturas de mujeres hasta el 2029.
Las personas expertas en la defensa de los derechos humanos, lo saben bien.
Los acuerdos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte establecen principios de paridad de género; y de igualdad y no discrimación.
Entonces ¿para qué postergar la posibilidad histórica de que en Coahuila tengamos a una mujer gobernadora hasta el 2029?
En conclusión, es momento de consolidar los derechos de la participación política de las mujeres y con ello, un respeto amplio a los derechos humanos, para que estos no sean usados como base argumentativa contraria a su verdadero espíritu.
