Toda obra pública conlleva un impacto social, ambiental y económico, con efectos a corto, mediano y largo plazo.
Ese impacto puede tener efectos positivos o negativos en la población; sin embargo, más allá de las molestias que puede ocasionar cualquier construcción, es importante que los gobiernos hagan estudios para determinar qué daños podrían presentarse con determinado proyecto.
Una de las obras más impulsadas por el actual gobierno federal es el denominado Tren Maya.
Se trata de un megaproyecto que cuenta con una inversión privada importante y busca impulsar el desarrollo y el turismo en cinco estados del sureste del país.
Contempla mil 500 kilómetros de vías férreas en la península de Yucatán y dos estados del istmo de Tehuantepec. Su inversión es de 20 mil millones de dólares.
A groso modo, la intención de reducir tiempos y costos en el transporte de mercancías, además de potencializar el desarrollo y la industria turística en un sector poblacional con rezago económico, no tendría objeción, pero no pueden dejarse de lado los posibles agravios a los derechos humanos que advierten los organismos internacionales.
En este sentido, la ONU, el pasado 07 de diciembre, solicitó al gobierno mexicano evaluar los impactos negativos del Tren Maya en la sociedad, sobre todo en los pueblos indígenas.
Las personas relatoras temen que la obra ponga en peligro los derechos de la tierra y los recursos ambientales.
Otro aspecto que resaltaron en el informe es la decisión de elevar la categoría del proyecto a “seguridad nacional”, debido a que esta clasificación permite “derogar la aplicación de salvaguardas ambientales y sociales”.
Estos instrumentos son las garantías ambientales, sociales y de gobernanza que sirven para anticipar, evitar, minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos.
Otro aspecto que denunció la ONU son las amenazas y ataques a las personas defensoras de los derechos humanos, las cuales tienen un acceso limitado a tribunales independientes e imparciales.
Sin garantías a los derechos fundamentales de las personas que habitan los cinco estados donde se construye el Tren Maya, no se puede hablar de desarrollo y mucho menos de políticas públicas que reduzcan las brechas de desigualdad.
En pocas palabras, es urgente que exista un cambio en la manera en la cual el gobierno mexicano pretende construir una de sus obras más emblemáticas.
