243 de los 500 diputados federales en la actual legislatura llegaron al Congreso de la Unión sin experiencia parlamentaria previa. 27 de ellos ni siquiera asistieron a la universidad. La duda sobre lo justo o injusto que resultan sus ingresos (148 mil pesos mensuales), es por supuesto válida.
Pero lo más preocupante es lo que el dato nos dice sobre la poca importancia que dan los partidos políticos a la labor legislativa.
Sin excepción, los partidos hablan del estado de derecho. Todos aseguran que la viabilidad del país depende de la calidad de sus leyes. Sin embargo, los hechos hablan de que, en realidad, no les importa demasiado qué ocurra en la Cámara de Diputados; por eso, postulan perfiles que tienen una elevada probabilidad de fracasar.
Por supuesto que la pregunta por la cantidad de legisladores en San Lázaro se vuelve más inquietante. Si casi la mitad no tienen la preparación que el sentido común indica como necesaria para cumplir con su papel de manera excelente, ¿para qué queremos tantos que nos cuestan un dineral?
Los datos, también nos hablan de que las iniciativas las concentran pocos legisladores.
En año y medio que lleva la actual Legislatura, hay 83 diputados que no han presentado una sola iniciativa; es decir, sólo van a calentar la curul.
Pero, ¿por qué si desde hace años de habla de la reducción de diputados nadie se ha tomado en serio la propuesta? Las diputaciones federales son para los partidos “premios” para repartir entre sus miembros.
Al mismo tiempo, se convierten en ese dispositivo que levanta el dedo -o lo deja abajo- cada vez que a los líderes de sus partidos les conviene. Son todo un negocio para decirlo en pocas palabras.
Algo similar pasa en los Congresos locales: los partidos no se toman seriamente la función legislativa y son muy pocos los diputados independientes que, como Kumamoto, operen bajo una lógica distinta.
Cada vez que recibimos noticias que surgen de San Lázaro, la pregunta vuelve a surgir: ¿en manos de quién estamos?
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