Arrancamos el 2022 con pocas esperanzas para garantizar la libertad de expresión en México.
Así lo demuestran los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo; y la activista, Ana Luisa Garduño.
Ante los hechos es urgente replantear la política pública que pretende mejorar las condiciones para ejercer el derecho a la libertad de expresión y por ende, garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
Lo anterior, porque resulta inconcebible que personas adheridas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas —de la Secretaría de Gobernación— sean asesinadas, y que existan carpetas de investigación sin resultados por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, la FEADLE.
Ambas instancias forman parte de la respuesta de política pública que dio el Estado mexicano por la crisis que desató la violencia criminal.
La FEADLE fue creada por recomendación de la ONU en el 2010 y el mecanismo se puso en marcha a partir de noviembre de 2012.
Este último tiene dentro de sus funciones asumir su obligación para proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y también de llamar a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio.
Tanto el mecanismo como la fiscalía son garantes de la protección a los derechos humanos para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Sin embargo, en más de un década, los resultados obtenidos no han sido suficientes para detener los atentados contra periodistas y defensores.
Al contrario, las cifras de ataques van en aumento, junto con la corrupción de las autoridades involucradas y la carencia de investigaciones eficaces para determinar la culpabilidad de los presuntos agresores.
En conclusión, de cara a la latente impunidad, el Estado tiene el compromiso y la obligación internacional de evaluar su política pública para la libertad de expresión, porque cada día, se hace evidente su rotundo fracaso.
