El espacio cívico es un lugar que permite la organización de la ciudadanía, en el cual manifestar su disidencia y expresar sus opiniones de forma libre cobra un papel de suma importancia.
En él concurren la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las colectivas feministas y/o diversas formas de manifestación social.
Es decir, no es un espacio exclusivo, pues lo conforman todas las personas que buscan elevar sus demandas y participar en la esfera pública.
Hemos visto a la sociedad civil responder ante sismos, crisis por la pandemia, en acciones de búsquedas de personas, ayuda asistencial, en defensa del medio ambiente, con asesoría para apoyar el derecho a decidir de las mujeres, en la defensa de territorio y tantos otros problemas que se presentan en el país en los cuales la ciudadanía ha tenido que construir un contrapeso.
Ahora bien, en México existen diferentes limitaciones a este espacio que restringen el trabajo de la sociedad civil organizada.
Por tal motivo, es necesario tomar acciones que permitan generar condiciones indispensables para que las personas incidan en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales que impactan en su vida, tanto en lo particular como en lo colectivo.
Las personas defensoras están amparadas en tres derechos humanos indispensables para llevar a cabo su importante labor: libertad de asociación (derecho de formar o participar en una organización o grupo de la sociedad); libertad de reunión pacífica (el derecho a ejercer de forma legítima el disenso); y libertad de expresión (el derecho a difundir y expresar ideas y opiniones sin considerar fronteras y en los todos los medios posibles).
El Estado está obligado a garantizar el cumplimiento de estos derechos, pero no podemos olvidar que también la ciudadanía tiene un compromiso en este sentido.
Las formas de participación donde se violentan estos derechos entre pares deben modificarse a espacios seguros, de mayor tolerancia, paz y respeto.
@nonobarreiro
