La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados de reformas a las leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública”.
El pronunciamiento no contó con el respaldo ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni de las comisiones de Coahuila, Chiapas y Guanajuato.
No es sorpresivo que la CNDH guarde silencio en discusiones públicas que están en contra del poder ejecutivo, tampoco que algunos organismos garantes de los derechos humanos de las entidades lo hagan.
Sin embargo, se pierde una oportunidad valiosa para conocer, desde diversas posturas, qué impacto tiene en la sociedad una decisión de semejante naturaleza, en un contexto de violencia, impunidad y constantes violaciones a los derechos humanos.
Esto cobra gran relevancia porque son precisamente estas instancias las que tienen la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad —mecanismo de control diseñado para expulsar del orden jurídico a las normas generales contrarias a la Constitución o los Tratados Internacionales de los que México forma parte—.
Es decir, la CNDH y sus homólogas locales podrían echar abajo esta reforma.
Diversos organismos civiles mexicanos e internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos, han señalado incesantemente los riesgos, en caso de que sea aprobada por el legislativo, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir el mando civil de la Guardia Nacional a la autoridad militar.
En realidad desde el 2006, la estrategia de seguridad enfocada en la militarización no ha logrado frenar las cifras ascendentes de desapariciones forzadas ni restablecer la paz en los poblados y las ciudades, por el contrario, cada día se observan mayores condiciones de inseguridad, uso de armas más sofisticadas por parte de los grupos criminales y un profundo debilitamiento de los cuerpos policiales civiles.
Veremos en los próximos días, si la CNDH y las comisiones locales son capaces de asumir sus atribuciones para que en caso de ser necesario se demande ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invalidez de normas que vulneran los derechos humanos. Al tiempo.
