La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, es un organismo constitucional autónomo, que tiene como objeto: la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, así como propiciar una cultura de respeto a los mismos.
Es indispensable referirnos a la reforma constitucional de 2011, que cambió el paradigma de actuación de las autoridades en relación con la aplicación de los derechos humanos. A partir de dicha reforma, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, en apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, resulta necesario destacar que todo el marco convencional, constitucional, legal y reglamentario debe interpretarse de acuerdo con el principio pro persona: es decir, la interpretación de cualquier norma jurídica debe hacerse de la forma que más favorezca a la persona y en caso de que hubiere dos normas en conflicto deberá preferirse la que ofrezca una protección más amplia.
Una de las encomiendas constitucionales de los organismos públicos de derechos humanos es la protección de derechos humanos a través de lo que identificamos como el sistema de defensa de los mismos, que resulta ser el mecanismo concebido para la recepción y seguimiento de las quejas por posibles violaciones a derechos humanos.
Toda persona tiene el derecho de presentar una queja, si considera que sus derechos humanos han sido vulnerados e incluso los organismos públicos tienen la posibilidad de iniciar quejas de manera oficiosa ante ciertos supuestos.
En el caso de que los hechos investigados por los organismos públicos, lleven a concluir que una autoridad ha incurrido en una violación de derechos humanos, debe determinarse la investigación con la emisión de una Recomendación.
Las recomendaciones dictadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos se encuentran soportadas en las pruebas recabadas y se pronuncian en atención a los fundamentos normativos internacionales, federales y locales que permiten señalar, sin lugar a dudas, que los hechos por los cuales se ha resuelto una recomendación están debidamente comprobados, por ende, se determina que un servidor público ha incurrido en una violación a derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional han establecido que las recomendaciones de los organismos de derechos humanos son en sí mismas, una forma de reparación del daño causado a la persona, además de las medidas de reparación señaladas en cada recomendación.
Los estados y desde luego, las personas servidoras públicas, debemos tener como eje rector el respeto a la dignidad de todas las personas, esa debe ser nuestra guía en todas nuestras actuaciones.
Si dentro de un expediente de queja, una persona servidora pública ha recibido una Recomendación, tiene el deber ético y legal de aceptar la misma, pues ésta ha sido la conclusión de una investigación sustentada y la comprobación de que se ha incurrido en una vulneración de derechos humanos.
La PRODHEG tiene 32 años de existencia en nuestro estado. A lo largo de este tiempo el organismo público de derechos humanos se ha posicionado a través del trabajo realizado por las mujeres y hombres que hemos colaborado en ella.
Las Recomendaciones que se emiten no solo tienen la fuerza legal sino la fuerza moral del Organismo, son nuestro deber ético y constitucional, de ninguna manera representan a un interés político. En ningún momento dejaremos de hacer la labor que de manera orgullosa llevamos a cabo.
En la lucha por la defensa de los derechos humanos, ni un paso atrás.
