El próximo primero de diciembre nuestro país tendrá una nueva administración pública federal que será la responsable de formular las políticas públicas de los siguientes seis años. En la antesala del cambio de gobierno, el poder legislativo ha jugado un papel muy importante y ha sentado las bases para el funcionamiento del gobierno entrante.
A mediados de octubre, se presentó en la Cámara de Diputados una de las reformas más importantes del próximo sexenio, la modificación a la estructura y funcionamiento del Gobierno Federal. La propuesta plantea cambios funcionales en 14 de las 18 Secretarías existentes y añade una nueva dependencia a la estructura del Gobierno Federal. Además, modifica el funcionamiento de la Oficina de la Presidencia y reorganiza la relación del Poder Ejecutivo Federal y las entidades federativas.
Los cambios no son menores y los efectos que tendrán en la vida de los mexicanos tampoco. Por cuestiones de espacio sólo mencionaré los tres que considero más destacados:
1.- La nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la responsable de garantizar la seguridad pública del país, profesionalizar a los policías, administrar el sistema penal federal, realizar acciones en materia de protección civil, y dirigir el Centro Nacional de Inteligencia. En contraste, la Secretaría de Gobernación se reduce al manejo de la política interior, la política migratoria y como puente formal con el Congreso. Recordemos que en 2012 se eliminó la Secretaría de Seguridad Pública para transferir sus facultades y atribuciones a la Secretaría de Gobernación y, en su momento, esta decisión fue criticada por la concentración de poder en una sola dependencia.
2.- La sustitución de las delegaciones federales por oficinas de representación y la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo es uno de los cambios más importantes en la relación con las entidades federativas y el Poder Ejecutivo; aún no tenemos claro como funcionarán. Si bien es necesario evitar la duplicidad de funciones en el gobierno, tenemos que reconocer que estos nuevos delegados estatales jugarán un papel muy importante en términos de federalismo. Hubiera sido deseable que esta iniciativa, como las demás que se han anunciado, hubieran sido previamente piloteadas, tal como es deseable en cualquier política pública que busca encontrar la mejor forma de su implementación; no es humanamente posible que en una figura se puedan concentrar todas las capacidades técnicas que se requieren para el buen funcionamiento de las múltiples políticas federales de un país. Lo anterior, en el entendido de que la decisión tiene un fin de eficiencia y eficacia acerca de las políticas públicas y no uno que se ligue al fortalecimiento político de una figura nueva en el escenario político actual. Otorguemos el voto de confianza.
3.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se instalará como la instancia consolidadora de compras de gobierno y como la responsable del padrón de beneficiarios de programas sociales. Es importante tomar en cuenta que, con estos cambios, tendrá atribuciones y facultades muy relevantes para el manejo y potencial desarrollo del país. Por un lado, parece positivo el hecho de que sea la encargada del control y vigilancia de las compras del ejecutivo, las contrataciones públicas y la designación de los titulares de las unidades de administración y finanzas para combatir cualquier tipo de acto de corrupción. No obstante, siempre resulta, por decir lo menos, peligrosa la alta concentración de facultades en un solo organismo.
Con los cambios mencionados tendremos dos super secretarías y 32 superdelegados. ¿Traerán estos cambios una verdadera transformación en la administración pública? ¿Se traducirán en beneficios reales para todos los mexicanos? No lo sabemos. Enfrentamos un gran riesgo al promover la concentración de poder en pocas manos. La concentración y centralización de poder a lo largo de la historia, no nos ha dejado las mejores lecciones. Por el momento, resta mantenernos críticos y vigilantes ante las nuevas atribuciones y facultades de todos los órganos y secretarías que forman parte de la administración pública para señalar cualquier tipo de abuso, y, en general, cualquier evento que pueda representar un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, nos debe quedar claro que si con estos cambios le va bien a nuestro Presidente, nuestro país correrá con la misma suerte. Por ello con mente positiva, pero críticamente constructiva, acompañemos estas nuevas iniciativas.
