El flujo de personas a través de fronteras es sin duda, uno de los fenómenos que más impacto tiene en las sociedades del siglo XXI. Gestionar dichos movimientos teniendo como principal objetivo el desarrollo de la persona migrante y el respeto a sus derechos, es el reto de los gobiernos en la actualidad.
El fenómeno de la migración comprende la entrada, salida, tránsito y retorno de personas en determinado territorio. En México, de acuerdo con la Constitución y los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país, todas las personas, independientemente de su país de origen o situación migratoria, son sujetas de derecho.
En nuestro país hemos logrado cambiar el paradigma de la atención a la migración, pasando de un férreo control de los flujos, a la atención y protección de la persona migrante. La Ley de Migración promulgada en 2011 representa el parteaguas en la forma en que las autoridades atienden este tema, pues establece un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos del migrante, de reconocimiento a su contribución al desarrollo nacional, y de la preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.
Hasta el mes pasado, un total de dieciséis entidades en el país cuentan con una ley de apoyo y protección a migrantes. Catorce de ellas cuentan con un apartado explícito sobre los derechos de los migrantes. Sólo el Estado de México e Hidalgo carecen de este apartado.
Por ello, el jueves pasado presenté ante el congreso estatal una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar dos capítulos completos a la Ley de Protección a migrantes en el Estado de Hidalgo.
Esta iniciativa propone incluir el capítulo “De los derechos y obligaciones de los migrantes” para que sea expresa la obligación del Estado a respetar derechos como: recibir información sobre programas de atención a migrantes; recibir un trato digno, respetuoso oportuno y de calidad; tener acceso a una estrategia de integración; que se les nombre un traductor o intérprete en caso de que no hablen español, entre otros.
También se adiciona el capítulo “De la participación social” para incentivar la participación de la sociedad civil y generar un entorno positivo para las personas migrantes y para aquellas personas físicas o morales que apoyen o estén dispuestos a apoyarles.
Hay que recordar que hay aproximadamente 250 mil hidalguenses viviendo en Estados Unidos. En regiones como la Sierra Gorda, una de cada cinco viviendas recibe remesas que envían familiares desde Estados Unidos. A nivel nacional, según datos del Banco Mundial, México es el tercer país que recibe un mayor número de remesas a nivel mundial, con un monto de aproximadamente 28 mil 500 millones de dólares en 2015.
Es indudable el valor que tienen las personas migrantes para sus comunidades de origen y para aquellas donde se insertan. Además, siendo una entidad de expulsión y retorno de migrantes, es indispensable orientar las acciones del gobierno, desde la ley, hacia la atención y protección de este sector.
Contar con normatividad que haga explícitas las obligaciones del Estado y los derechos que deben de tutelar permite que estos puedan ser exigidos y que se sancione a las autoridades que los nieguen o priven. Sin duda, contar con un capítulo específico sobre los derechos de las personas migrantes en nuestro estado es un paso más para su protección, su inserción plena y el reconocimiento de ellas como agentes activas en la sociedad.
Twitter: @jmvalerapiedras
