La lucha contra la corrupción es, más que una promesa de campaña, el estandarte con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador lideró la campaña que lo llevó al triunfo en las urnas el 1 de julio del 2018.
Tanto en campaña, en su periodo como presidente electo, y una vez formalizada su administración, el discurso anticorrupción ha estado presente y ha sido el paraguas retórico para las acciones de gobierno de la nueva administración, incluyendo algunas polémicas como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cierre de oleoductos para la inspección en la operación de PEMEX, o la revisión de contratos de compraventa de medicamentos para el sistema de seguridad social de nuestro país.
El problema de la corrupción en México no es menor. El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Asimismo, diversas organizaciones han estimado el costo de este fenómeno para la sociedad y economía mexicanas: el Foro Económico Mundial lo estima en un 2% del PIB; el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes, en un 9% y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en un 10%.
Con este tema en la cima de la agenda y del discurso, entre la opinión pública y la sociedad en general ha crecido la expectativa sobre las acciones que la nueva administración llevará a cabo para atajar este problema. Sin embargo, existe la opinión generalizada de que la actuación del gobierno ha sido muy limitada a seis meses de haber entrado en funciones.
La reticencia del gobierno a perseguir los evidentes y ominosos casos de corrupción que han salido a la luz, y las discretas acciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la materia no han dejado satisfechas las expectativas de una acción institucional y contundente que permita erradicar este problema.
El pasado jueves, en la Cámara de Diputados, se aprobó lo que podría ser el primer esfuerzo legal para abatir, de forma estructural, el fenómeno de la corrupción en México. El dictamen de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, turnado al Senado de la República, se centra en fomentar el desarrollo económico mediante la reducción de trámites administrativos que se prestan a la corrupción.
Y es que en nuestro país existen 4.2 millones de unidades económicas, de las cuales el 99.8 % forman parte de las pequeñas y medianas empresas. Aunque los casos mediáticos de corrupción que acaparan las primeras planas son la cara de este problema en nuestro país, un examen más detallado de la realidad indica que este tipo de prácticas permea en todos los niveles de la actividad económica, por lo que es importante emprender acciones anticorrupción que permeen en las unidades más sencillas.
La Ley propuesta busca renovar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, recibiendo beneficios y facilidades administrativas para ejercer de forma más eficiente sus actividades económicas con menos trámites frente a las autoridades. Puntualmente, propone la creación de un órgano que aprobará las acciones y programas sectoriales para la implementación de estos beneficios. También se prevé el levantamiento de un Padrón Único de Fomento a la Confianza, en el que se registrarán voluntariamente las personas físicas o morales con actividad económica para que, bajo la presunción de buena fe de que se han cumplido todas las obligaciones fiscales y regulatorias, se harán acreedores a beneficios como la revisión aleatoria, no obligatoria, de la observancia de estos requisitos.
La lógica detrás de esta propuesta sugiere una apuesta por la reducción en el aparato burocrático y por la buena fe de los contribuyentes, pues se reducen las inspecciones gubernamentales, algunas veces excesivas o innecesarias, que pudieran continuar fomentando la cultura de la corrupción y se mitigan los incentivos de ambas partes para incurrir en actos de corrupción, en aras de agilizar trámites y procesos.
No obstante, falta que este novedoso mecanismo pruebe ser eficiente en su aplicación. El elemento de aleatoriedad en la inspección regulatoria supone que, cuando hecho cabalmente, disminuyen los incentivos a estar fuera de la ley. Sin embargo, no queda claro que la estructura de gobierno y la gente que la conforma mantengan, solo por el ejemplo presidencial, la probidad requerida para su adecuado funcionamiento. Aunque se trata de un esbozo institucional en la lucha contra la corrupción, es evidente que no puede ser la única acción que el nuevo gobierno emprenda: se requiere retomar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, apostar por la independencia de la Fiscalía y crear un sistema de impartición de justicia eficiente que haga creíble las sanciones de este tipo de delitos.
Twitter: @jmvalerapiedras
