La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base del sistema jurídico de nuestro país. En ella, están plasmados los objetivos del Estado, pero también los derechos y deberes de la ciudadanía. Su importancia radica en que con su implementación se puede asegurar la estabilidad, paz, tranquilidad y gobernanza en una sociedad de derechos.
Hasta febrero de este año, se le han realizado 715 modificaciones a nuestra Carta Magna, según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Desde una perspectiva comparada, nuestra Constitución es una de las normas legales que más ha sufrido cambios desde su implementación. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, promulgada a finales del siglo 18, solo ha tenido 27 enmiendas, mientras que las de Brasil y España, que datan del año de 1978, han sido modificadas en 70 y 3 veces respectivamente.
Al hacer una modificación constitucional, se deben contemplar a profundidad las ventajas y fines que se buscan, velando siempre por la progresividad de los derechos y la defensa irrestricta de los derechos de las personas.
Es por eso que vale la pena cuestionar la propuesta que hizo el presidente nacional de Morena para realizar 5 reformas a la Constitución. La misma plantea dotar al Inegi de facultades para medir la riqueza de la ciudadanía en nuestro país, otorgando autoridad para que pueda entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todos los mexicanos.
Propone, además, que tenga la facultad de acceder a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas.
Este planteamiento generó cuestionamientos en contra de diversos funcionarios de todo el país, incluso recibió críticas muy severas de su propio partido. El mismo Presidente de la República mostró su desacuerdo con esta iniciativa, al considerar que se debe mantener en privado el patrimonio de todas y todos los ciudadanos.
Recordemos que únicamente las y los servidores públicos tenemos la obligación de hacer pública esta información patrimonial a raíz de la reforma en materia anticorrupción del año 2015.
Lo propuesto por el presidente de Morena es inadmisible, pues representaría una clara violación a los derechos ganados en luchas históricas y que están consagrados en la Constitución. El respeto a la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio y la seguridad jurídica son derechos que se encuentran garantizados por nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales de los cuales forma parte el Estado mexicano.
Considero que la propuesta en comento está fuera de lugar, pues resulta inaceptable que cualquier persona o partido intente utilizar la emergencia como pretexto para eliminar los derechos que históricamente han constituido un límite al abuso de poder y la ilegalidad. Esta es una propuesta que supone un atropello a la protección de los datos personales de las personas y atenta contra la seguridad de familias que con honestidad y esfuerzo han logrado construir su patrimonio.
Al contrario, en lo que nos debemos ocupar en este momento es en la emergencia sanitaria, económica y social, deben existir otro tipo de propuestas estructurales para apoyar a quienes enfrentan la crisis cada día: al sector turismo; al sector de micro, pequeños y medianos empresarios; a las y los hermanos migrantes; y en general, a todos aquellos quienes generan empleo y ahora están pasando por un momento difícil. Estas son las medidas que se deben procurar, en lo local y lo federal ante la crisis.
