Durante la última semana del mes de octubre podría gestarse un gran precedente en materia de gobernanza y administración pública en la historia de este país. Del 25 al 28 se realizará la tan comentada Consulta Ciudadana para definir cuál es la mejor opción para el país; dar continuidad a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), mejor conocido como Aeropuerto de Texcoco, o bien iniciar con el proyecto de Santa Lucía.
No podríamos negar que la construcción del NAIM partió de una necesidad real que de inicio no fue tema de interés de la opinión pública. Los recurrentes problemas del actual, hacían necesaria una nueva opción, que encontró en la actual propuesta, una iniciativa que pondría a nuestro país en una condición de ventaja con un proyecto de tal envergadura.
No obstante, al abanderar la cancelación del proyecto como parte de una propuesta política por parte de un candidato, es verdad que le generó simpatías en un sector de la población, cuando buscó ligar el tema con el de la corrupción, a pesar de ser un proyecto cuyo capital es esencialmente privado. Pero como Presidente electo, la situación es diferente, desde diferentes aristas representa un riesgo no solo para la gestión que habrá de encabezar, sino para la credibilidad financiera y económica que hoy Mexico tiene en el escenario internacional, condición fundamental para el crecimiento de un país como el nuestro.
De ahí que la consulta que hoy se propone desde el Gobierno de transición, tendrá diferentes repercusiones para nuestro país, si es que ésta carece de la solidez jurídica que le de la suficiente legitimidad para derivar una decisión como la que se busca.
Más que posicionarme por alguna de las dos opciones voy a aprovechar este espacio para contextualizar algunas reflexiones al respecto.
Es evidente que actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta importantes problemas de saturación y es necesario encontrar una solución efectiva para abatir esta problemática. Para tal efecto la administración saliente inició la construcción del NAIM, la cual a la fecha presenta un avance del 30%. No obstante, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a mediados de agosto anunció que se realizaría una consulta ciudadana para definir cual opción es la mejor para el país.
Desde mi punto de vista los grandes proyectos de infraestructura sustentan su legitimidad e imparcialidad desde dos pilares: la viabilidad técnica y la aceptación social. En esta ocasión me voy a enfocar en el plano social, en la participación ciudadana.
En nuestro país los mecanismos de participación ciudadana están regulados en la constitución federal, en la Ley Federal de Consulta Popular y la mayoría de los casos en las constituciones locales. Está regulada pues es necesario establecer las reglas para garantizar a las y los ciudadanos certeza en su resultado, por tanto nuestro marco jurídico establece claramente quiénes pueden iniciar las consultas, qué temas se pueden tratar, dónde y cuándo puede ser presentada, cómo debe ser la pregunta, quién es la autoridad responsable y si es vinculante o no.
Con lo anterior expuesto, me pregunto ¿la consulta ciudadana planteada por el presidente electo, está dentro del marco de la legalidad de nuestro país?
El tema aeroportuario no es trivial, y ha generado importantes discusiones debido a los impactos que genera; por ejemplo, Alemania y Francia sometieron la construcción de un aeropuerto a consulta popular y los resultados fueron respetados y soportados por su respectivo marco jurídico.
Estoy a favor de una consulta popular con reglas claras, imparcial y apegada a la legalidad como la que se vivió en Alemania y que fue impulsada por medio de una iniciativa popular; o como la de Francia, que fue promovida a nivel local por el gobierno francés. Una consulta que se base en el ordenamiento normativo, que las y los mexicanos nos hemos dado para ello. Si no tenemos una consulta legal tampoco podrá ser legitima.
La consulta ciudadana que tendremos está lejos de tener esos atributos. Es promovida por un gobierno electo pero que aún no está en funciones y podía haber sido propuesta mediante una iniciativa ciudadana, la cual está debidamente regulada. Se llevará a cabo en 538 municipios y se instalarán poco más de mil urnas, en la elección pasada tan solo en Hidalgo se instalaron más de 3 mil casillas. No hay evidencia de que el personal que participe esté debidamente calificado; para las pasadas elecciones el INE capacitó con al menos 80 horas a más de 45 mil personas funcionarias. No hay autoridad que garantice que el resultado de la consulta elimine los conflictos de cada proyecto.
No quiero parecer demasiado formalista pero muchas veces la forma importa tanto como el fondo. Tenemos un marco legal que hay que respetar y nuestra ciudadanía merece contar con la certeza de que su participación en la consulta será respetada. Tenemos que garantizar que quienes quieran participar lo puedan hacer para evitar que los resultados sean cuestionados o mal interpretados. Tenemos que evitar fragmentar la participación ciudadana.
Agradezco este espacio y espero sus comentarios en
@jmvalerapiedras
