El presidente López Obrador presentó una iniciativa de ley para modificar las leyes que regulan la subcontratación, ante lo cual los empresarios se inconformaron alegando que no se les tomó en cuenta, ya que según ellos se había quedado en analizar estos cambios de manera conjunta.
La subcontratación de personal viene con la reforma laboral calderonista de 2012, ley en la cual solo se establecieron dos condiciones para emplear gente: que el contrato fuese por escrito y que se registrara a los trabajadores en el régimen de seguridad social
Pero si bien se cumple con la ley, pues se registraban los trabajadores en el sistema de seguridad social, el elemento que generaba ganancias era que los registraban con un salario muy inferior al real para reducir el pago de cuotas de seguridad social y también para evadir impuestos, además los rolaban en diferentes sociedades para reducir sus antigüedades, los despiden durante las vacaciones y no les pagan aguinaldo, es decir, este es un mecanismo para contratarlos en una especie de informalidad controlada, lo que convierte a la subcontratación en un negocio muy rentable, traficando con los derechos laborales y defraudando al fisco.
El CCE considera que las sanciones que vienen contempladas en la iniciativa son excesivas y la Coparmex califica a la iniciativa como una traición que violenta el convenio 144 de la OIT, pero parece que el presidente de esta confederación no ha leído bien la Constitución.
El presidente López Obrador desea desmantelar este mecanismo de contratación de personal que viola diversas leyes, y prometió que el gobierno basificaría a los trabajadores del Estado que están contratados bajo este sistema.
La nueva legislación pretende reformar diversas disposiciones de la ley del Seguro Social, del Infonavit, del código fiscal de la federación, de la ley del impuesto sobre la renta y del IVA, con el propósito de prohibir la subcontratación.
Me parece que la Ley Federal del Trabajo debe modificarse para quitar la responsabilidad de los patrones de liquidar los despidos, y que eso estuviera a cargo del Estado Mexicano, pues cuando las condiciones no permiten o reducen la actividad, además de la pérdida económica hay que liquidar a los trabajadores o enfrentar demandas, lo cual puede quebrar a las empresas. Con esto se flexibilizarían las relaciones laborales y se evitarían demandas, pues dejarían de existir los despidos injustificados y que el estado reconozca su responsabilidad laboral.
