Uno de los argumentos que detonaron la reforma constitucional judicial, es que la impartición de justicia no es ciega, que se ofrece al mejor postor para convertirla en un privilegio de quien puede pagar, a partir de un funcionariado coludido con políticos, a quienes le deben el cargo, y con los abogados de la élite económica que obtienen sentencias a modo.
Sobran ejemplos que avalan este argumento, como los que ha denunciado la bancada de Morena en Tamaulipas.
Mediante punto de acuerdo presentado el 7/03/2023, exhibieron la actuación “sospechosa” de Juan Fernando Alvarado López y Faustino Gutiérrez Pérez, titulares de los Juzgados Federales Séptimo y Octavo de Distrito, con sede en Reynosa, “favoritos de la Familia García Cabeza de Vaca”.
Aprobado el 13/04/2023, el Congreso del Estado exhortó a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura y al Fiscal General de la República, para que investigaran a dichos jueces, se les fincaran responsabilidades y se aplicaran las sanciones correspondientes.
Vino enseguida el diputado Humberto Prieto Herrera, presentando un punto de acuerdo, el 23/05/2023, insistiendo a las mismas autoridades investigar a los mismos juzgadores, por favorecer con sus decisiones al ex mandatario tamaulipeco, siendo aprobado el 30/06/2023.
En septiembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal acordó el cambio de Reynosa a Matamoros de Faustino Gutiérrez Pérez.
Finalmente, el bloque Morena-PVEM-PT, presentó dos puntos de acuerdo en la sesión del 10/04/2025, solicitando en uno, la remoción de la secretaria en funciones de Magistrada, Piedad del Carmen Hernández Ávila, por conocer en revisión el amparo otorgado por su esposo, Faustino Gutiérrez Pérez, que mantiene en libertad a Cabeza de Vaca.
Mientras que, en el otro, piden al juez Fidel Gallegos Figueroa, del Juzgado Séptimo de Reynosa, resolver el amparo 417/2024, promovido por Cabeza de Vaca, apegado a los “principios de dignidad, independencia, imparcialidad, profesionalismo y al principio de legalidad”.
Colusión que pretende extirpar el nuevo paradigma judicial, para evitar que la justicia siga capturada por políticos corruptos y los despachos de abogados de la élite económica con influencia en la SCJN.
