Las mujeres tienen todo el derecho de aspirar a la equidad de género, afirman con convicción los machos alfa de la política, siempre y cuando se haga tu voluntad, señor, en los bueyes de mi compadre. Lo que hasta hace poco era un principio “buenaondita” con el cual difícilmente podían estar en desacuerdo, se ha convertido en una imposición “arbitraria” para un puñado de señores que aspiran a la gubernatura de su entidad.
La nueva norma electoral, que exige a los partidos presentar candidaturas paritarias a los puestos públicos, se está convirtiendo en una tormenta política a propósito de las nueve entidades federativas que estarán en disputa en junio próximo: Ciudad de México, Jalisco, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos, Guanajuato y Yucatán. El INE determinó que cada partido debe asegurarse de que en cinco entidades de las nueve la postulación recaiga en una mujer, al margen de lo que determinen las encuestas de popularidad o cualquier otro criterio de selección.
Morena, al haber adelantado calendarios, es el primero que enfrenta esta situación inédita en medio de una rebelión soterrada de parte de los aspirantes. ¿Por qué? Porque en ocho de esas entidades son hombres los favoritos para ganar la encuesta que arranca en dos semanas y que, se suponía, definiría al abanderado del partido. Rocío Nahle, en Veracruz, es la única mujer que va adelante en los sondeos de intención de voto. Es decir, de no cambiar tendencias, a principios de noviembre varios de ellos serán sacrificados, a pesar de ganar la encuesta, y cederán su puesto a la mujer más cercana en la votación.
Mario Delgado, presidente de Morena, ha intentado reducir el impacto con la argumentación de que al ser un número impar las entidades que están en disputa, con cuatro podría cubrirse el requisito, considerando que su partido tiene una especie de “superávit” en años recientes en la postulación de mujeres. No está claro que el INE vaya a comprar ese argumento.
Más allá de lo que podría convertirse en tragedia en el currículum de algunos cuantos varones afectados en lo personal, esta modalidad entraña situaciones que no habíamos vivido, alguna polémica y más de una tormenta política. Nada que no pueda resolverse, a condición de encararlo con tino y transparencia.
1.- Paridad de género versus consulta popular. La situación podría incurrir en una contradicción entre dos aspiraciones legítimas: mejorar la participación de las mujeres en el poder político y el respeto a la voluntad de la mayoría. La determinación del INE asume que tal contradicción se resuelva en favor del primero de los dos principios y en detrimento del segundo. Habrá que estar preparados para las secuelas jurídicas a las que pueda dar lugar, tanto en lo particular (candidatos sacrificados) como en lo general (derechos ciudadanos “no respetados”).
2.- Paridad de género versus equidad de género. Se parecen, pero no es lo mismo. Lo primero, en versión simplificada, aspiraría al objetivo de que la mitad de los puestos de responsabilidad estén ocupados por mujeres, fiel reflejo de la composición de la población demográfica. Lo segundo apela a que las oportunidades para competir sean las mismas entre hombres y mujeres, no necesariamente el resultado, pero sí el proceso; es decir, que las mujeres se postulen en condiciones de igualdad y que sean los méritos profesionales o la voluntad democrática lo que decida el resultado. La tesis de la paridad tiene un sólido argumento: por circunstancias históricas las mujeres no están en condiciones de competir en igualdad, de allí la necesidad de asegurar un resultado paritario. Pero tampoco carece de sentido la tesis de la equidad: lo importante es modificar actitudes y condiciones inequitativas, y eso no se resuelve imponiendo mujeres, en ocasiones sin ser las mejores opciones para cada puesto; algunas simplemente pagan cuota de género, aunque operan con mentalidad masculina o sirven a la voluntad de un líder. Lo que importaría, entonces, sean hombres o mujeres, es que operen con criterios asociados a una visión no misógina de la vida pública. Discusión compleja, por dónde se le mire.
3.- Gobernadoras versus poderes nacionales “femeninos”. En este momento la relación de gobernadores es de dos tercios contra uno en favor de los hombres. Las nueve entidades que estarán en disputa en junio próximo están encabezadas por señores (aunque la Ciudad de México de manera interina). Tendría sentido equilibrar el marcador, como lo propone el INE. Pero los críticos se quejan del impulso pendular que ha “desequilibrado” las instancias federales: habrá presidenta en Palacio Nacional y son mujeres quienes presiden la Suprema Corte, el Banco de México, las dos cámaras legislativas, el INE, el INEGI, el INAI y otros órganos. A finales del año próximo los tres poderes podrían ser encabezados por mujeres.
4.- Candidaturas para ganar y para perder. El INE también ha señalado que las candidaturas asignadas a las mujeres no estén condenadas a perder (Yucatán, Jalisco y Guanajuato en el caso de Morena, por ejemplo). De allí la necesidad de que también se “entreguen” las que tienen probabilidades de vencer (Chiapas, Tabasco y Ciudad de México). Esto introduce una dimensión subjetiva en la discusión de cada partido y, por lo mismo, un terreno propicio para rebatiñas e impugnaciones.
Con todo lo anterior no pretendo poner en duda la determinación del INE; hay muchas cosas cuestionables en nuestra clase política, una mayor presencia de mujeres en principio es una buena noticia. Simplemente quiero dar cuenta del potencial explosivo que representan las secuelas jurídicas y políticas de esta situación nueva en la asignatura de candidaturas. Si de por sí Morena viene de impugnaciones incómodas (Marcelo Ebrard en la federal, Ricardo Mejía en Coahuila), sólo podemos imaginarnos el zarandeo que implicaría bajar a “legítimos” ganadores de una encuesta que ausculta lo que “el pueblo” quiere, en palabras de López Obrador. ¿Quién y cómo decidirán los nombres de los sacrificados? ¿Cómo escoger y convencer entre Omar García Harfuch (Ciudad de México), Javier May (Tabasco) o Alejandro Armenta (Puebla), favoritos en la encuesta y posteriormente en la elección, para que dejen su lugar a Clara Brugada y equivalentes?
La única defensa consistiría en transparentar desde ahora detalladamente los criterios de definición para que, a la luz de los resultados de las encuestas, la resolución sea una aplicación automática de premisas definidas de antemano para seleccionar los segundos lugares pertinentes, en caso de necesitarse. De otra manera todo será interpretado como arreglos políticos tras bambalinas, producto de manotazos e intervenciones de arriba. Es decir, lo contrario a lo que se quería: quitar la decisión a las cúpulas y entregarla a los ciudadanos. Sin duda, vivimos tiempos interesantes.
