El camino más corto para avanzar de cara a una verdadera Cuarta Transformación pasa por la disminución de la economía informal. O mejor dicho, por el trasvase de la economía informal a la formal. Ninguna otra transformación tendría el impacto combinado en equilibrio social y prosperidad que esto provocaría. Alrededor de 55% de la población activa en México trabaja en la economía marginal, lo cual, en estricto sentido, tendría que llevar a revisar el concepto: si la mayor parte de los mexicanos se hace la vida en este sector, habría que preguntarnos cuál de las dos economías es en realidad la marginal.
Definiciones aparte, esta economía subterránea constituye un lastre inmenso para la sociedad mexicana. No solo por el impacto directo en las personas que viven de estas actividades: su ingreso promedio ronda los 7 mil pesos mensuales, menos de la mitad de los casi 17 mil pesos que obtienen los trabajadores registrados en el IMSS; también porque carecen de prestaciones, jubilación, protección. Una población que ahora y después requerirá intervenciones del Estado para evitar los matices más indignantes de la miseria.
Ciertamente la economía “subterránea” es una válvula de escape frente a la incapacidad del modelo vigente para dar empleo a los mexicanos. El desempleo como tal prácticamente no existe en México gracias a las distintas modalidades de subempleo e informalidad. Pero esto no quiere decir que las actividades que aquí se desarrollan sean irreales o inútiles. La informalidad genera el 25% del PIB del país; así pues, no es que se trate de productos y servicios que sobren o pertenezcan a una dimensión artificial. Más bien se trata de actividades que por distorsiones de nuestro sistema, son mantenidas en el sótano del edificio social. En horas de trabajo y esfuerzo con frecuencia es más exigente que el de los empleos mejor remunerados.
Además de la injusticia que eso supone, la existencia misma de esta zona oscura de la vida institucional termina por contaminar al resto y se convierte en un lastre para la sociedad: empobrece los recursos del Estado (solo la mitad de la población es sujeto fiscal), encarece y limita a los servicios bancarios (las empresas informales no son sujeto de crédito), convierte a la mayoría de los mexicanos en un sector vulnerable y objeto de apoyos especiales, degrada la legitimidad institucional o el respeto a la ley.
Difícilmente se puede estar en desacuerdo con el enorme esfuerzo que el gobierno ha realizado para elevar el poder adquisitivo del salario mínimo o proyectos para mejorar el esquema de pensiones. Errónea e inmoralmente, los gobiernos anteriores mantuvieron estos ingresos por debajo de la inflación, con el pretexto de que el abaratamiento de la fuerza de trabajo provocaría una explosión en el empleo. No fue así. Lo que sí sucedió es que el congelamiento del salario mínimo acrecentó las penurias de muchas familias mexicanas.
Pero no podemos dejar de lado el hecho de que, por más que había que reparar esta injusticia, son esfuerzos encaminados a los sectores “privilegiados”; dejan al margen a la otra mitad, la más empobrecida y que no se encuentra en el IMSS; una población que no tendrá el beneficio de mejores pensiones, protecciones al salario, a la vivienda o la seguridad social. En otras palabras, es loable mejorar la condición de los trabajadores formales, pero sería mucho más efectivo, en los años por venir, concentrarse en la mitad más necesitada. Cada peso gastado en incorporar a la formalidad a un trabajador informal tiene un impacto social y económico infinitamente mayor que gastar ese peso en un trabajador formal. El efecto en la vida familiar sería inmenso, pero también para la sociedad en su conjunto en términos fiscales, financieros, legales y asistenciales.
No es una meta sencilla, pero es vital para el futuro de la 4T. Tampoco hay una fórmula mágica, más bien se trata de la generación de un clima favorable a la legalización a través de una mezcla de incentivos positivos y desincentivos para que muchos trabajadores independientes y microempresas encuentren ventajas en la operación legal.
Se requeriría una estrategia en muchos frentes. Simplificación de los procedimientos fiscales y contables, para erradicar la noción predominante de que darse de alta y declarar es una pesadilla. El régimen simplificado de confianza, que permite hacer un pago de hasta 2.5% del ingreso sin necesidad de calcular impuestos, introducido por Hacienda hace dos años, fue un enorme acierto; pero su promoción y aplicación se ha quedado corta. A ratos pareciera que una vez lanzado se intenta que pase inadvertida. Puede entenderse que en lo inmediato el fisco asume un costo, pero insisto, cada peso gastado en apoyar la creación de una plaza en la economía formal, a la postre será un peso ahorrado en subsidios destinados a paliar la situación de grupos vulnerables. El régimen simplificado tendría que ser la punta de lanza de una enorme campaña promocional de convencimiento acompañada de otras medidas.
Por ejemplo, ofrecer incentivos de diversa índole para todo aquél que cuenta con un RFC. Acceso a financiamiento bancario oficial y privado a toda microempresa que opte por el registro. Apoyos que sean verdaderamente importantes a la capacitación al trabajo. Subsidios para reducir el costo de nómina a empresarios dispuestos a generar plazas adicionales.
No se trata de eliminar los programas sociales que hoy existen, pero sí de asegurarse de que sean congruentes con el fortalecimiento del empleo formal. Es decir, garantizar que no contribuyan a la informalidad (lo que sucede cuando se eliminan transferencias monetarias una vez que se consigue un empleo). Por el contrario, las becas a los jóvenes, el apoyo a los agricultores modestos, los subsidios a la producción podrían convertirse en incentivos que, acompañados de esquemas simplificados y apoyos adicionales, sean una poderosa razón para integrarse al IMSS y gozar de las prestaciones oficiales. Fue un acierto enorme el programa para inscribir en el Instituto a los trabajadores del servicio doméstico; ahora habría que encontrar formas de convertirlo en una exigencia moral y legal para todos los sectores acomodados que pueden permitirse un apoyo doméstico.
En resumen, hay cerca de 30 millones de trabajadores que pertenecen al México sumergido que, tristemente, constituyen actores económicos de segunda categoría. No los estamos ayudando. Imposible llevarlos al sistema formal en el corto plazo, pero habría que pensar modalidades simplificadas para irlos incorporando gradualmente al entramado institucional.
Se trata de un largo camino, pero que habría que comenzar. La ayuda a los adultos mayores hoy día es imprescindible; pero seremos una sociedad mejor cuando tengamos al grueso de nuestros ancianos con una pensión propia, aunque sea modesta en principio. Eso requerirá un ajuste de enfoque: seguir apoyando a los pobres, pero, sobre todo, ayudarles a que dejen de ser pobres.
