E l día de ayer, el jefe del Ejecutivo Federal se lamentó que el lunes pasado las senadoras del PAN le “maltrataron” a su muñequito, durante la accidentada comparecencia que no logró concluir ante la Comisión de Salud del Senado de la República. La senadora Lilly Téllez le llamó “pequeño virrey del país de las camas vacías y los muertos en casa”. Y, para que no se fuera a tropezar al salir, le regaló un bastón, porque “con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego”.
Empero, la ceguera que caracteriza a la política de combate a la pandemia en nuestro país, no sólo deriva de las ineptitudes y empecinamientos de funcionarios, sino que también de anacronismos estructurales y vacíos jurídicos. Veamos:
1.- El Consejo de Salubridad General data de la época virreinal, reimplantado en el Imperio de Maximiliano como Consejo Central de Salubridad y resucitado en 1868 como Consejo Superior de Salubridad. Ese organismo hoy es por completo extraño al México plural, diverso y formalmente federal de nuestros días. Pero, lo peor es que el ancestral organismo colegiado ni siquiera se reúne y ha sido anulado por un solo hombre que toma las decisiones contra la pandemia (por eso la senadora Téllez llamó al poderoso subsecretario “virrey”).
2.-La Ley General de Salud, en vigor desde 1984, es una vil copia del Código Sanitario de 1926, tanto en su conceptualización como en su esquema de distribución competencial. La legislación en vigor no reconoce a los gobiernos municipales como autoridad sanitaria para aplicar acciones extraordinarias en materia de salubridad general, y los equipara con las autoridades de las comunidades indígenas, al establecer para ambos que solo podrán participar en acciones de vigilancia y seguridad sanitaria si firman convenios con las autoridades sanitarias de los estados de los que formen parte.
El desbarajuste existente en la lucha contra la pandemia del covid-19, con mucho deriva de lo anterior: Las autoridades municipales solo pueden emitir declaratorias de emergencia con base en la Ley de Protección Civil, pero no de las Leyes de Salud, puesto que no son autoridades sanitarias para aplicar disposiciones de las acciones extraordinarias en materia de salubridad general.
