El precio promedio de la vivienda en Puebla alcanzó los 26 mil 350 pesos por metro cuadrado, según el Indicador Banorte de Precios de Vivienda. Esa cifra, con corte a junio, supera el ingreso mensual promedio de un trabajador formal registrado ante el IMSS.
Detrás de ese precio hay más de una pregunta incómoda: ¿quién puede comprar hoy una casa en la ciudad donde trabaja?, por ejemplo, si el salario base de cotización promedio diario en Puebla ronda a junio los 585.19 pesos, un trabajador necesita más de mes y medio de ingresos para pagar un solo metro cuadrado de vivienda.
Un metro cuadrado, no una casa, no un departamento. Un metro cuadrado. Si una vivienda de tamaño medio tiene entre 90 y 100 metros cuadrados, su precio supera los 2.3 millones de pesos. Una cantidad que para miles de familias dejó de ser una meta alcanzable para convertirse en una fantasía.
Así, mientras el mercado celebra la plusvalía, una parte creciente de la población descubre que la ciudad en la que estudió, trabaja y paga impuestos empieza a expulsarla hacia la periferia. Y eso tiene consecuencias.
Cuando quienes enseñan en las escuelas, atienden hospitales, conducen el transporte público, patrullan las calles o trabajan en los comercios ya no pueden vivir cerca de donde desarrollan su actividad, hay una señal clara: la ciudad comienza a organizarse alrededor del valor del suelo y no del derecho a la vivienda.
Durante más de tres décadas, Puebla ha celebrado la construcción de corredores comerciales, desarrollos inmobiliarios, nuevas torres de departamentos y plazas comerciales como sinónimo de progreso, olvidando a quienes podrán habitar o trabajar en esos espacios.
Ni siquiera la vivienda con entre 20 y 50 años de antigüedad baja de los 20 mil pesos por metro cuadrado. Quizá la discusión no debería centrarse en cuánto cuesta una casa, sino en para quién se está construyendo Puebla.
Al margen, Toyota, la armadora japonesa, apuesta por Estados Unidos y no por México: se lleva a ese país, a San Antonio, Texas, la construcción de una planta valuada en 3 mil 600 millones de dólares. El dato puede leerse aislado para restar importancia a las presiones que mantiene EU sobre México; sin embargo, este mismo año Nissan cerró su planta en Morelos para, según dijo, concentrar la manufactura en Aguascalientes.
Ya son dos. No deja de ser ¿tierna? la propuesta de Alejandro Villarreal Vives, presidente de Canacintra Morelos, para que ese estado no dependa de la industria automotriz. Afirmó que impulsarán productos con “sello morelense”. Si la alternativa para sustituir una industria es apostar por el mezcal, la cecina y el arroz, la pregunta es inevitable: ¿no existe un plan para diversificar la economía?
