El discurso contra la inseguridad en Puebla se desplaza entre el escepticismo y el fanatismo, dos extremos entre los que queda, aplastada, la realidad que muestra la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 que hace poco más de una semana presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los objetivos esenciales de la propuesta son reducir la incidencia delictiva, neutralizar a generadores de violencia y grupos delictivos, y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales a partir de cuatro ejes rectores: a) atención a las causas; b) consolidación de la Guardia Nacional; c) fortalecimiento de la inteligencia e investigación; d) coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.
El documento hace una radiografía mínima de las condiciones en las que se encuentra Puebla, por ejemplo, el promedio de la tasa nacional de policías estatales es de 0.97 por cada mil habitantes y sólo ocho entidades, entre las que no se encuentra Puebla, están por encima de la media nacional. En concreto: Ciudad de México cuenta con una tasa de 4.06 y Baja California, con una de 0.23; ambos estados son los extremos. Puebla está en la posición 18 con apenas 0.66.
De acuerdo con el documento, al 31 de diciembre de 2024 solo 88.2% de los policías estatales en todo el país obtuvieron el Certificado Único Policial (CUP), lo que acredita que poseen los conocimientos, el perfil, las habilidades y aptitudes para el desempeño de su trabajo. Puebla queda por debajo de la media nacional con apenas 84.096 por ciento, lejos de Campeche, el más aventajado con 100%
Veamos cómo andan los policías de Puebla en cuanto al salario: datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) indican que en 2024 el salario bruto promedio de un policía raso en México fue de 17 mil 300 pesos. Vale, pues 16 de los estados cumplen con el salario mínimo y entre ellos sí se encuentra Puebla con 19 mil 664 pesos, aunque la cifra está a años luz de Baja California donde perciben 28 mil pesos; Guanajuato, 27 mil 671; Nuevo León, 27 mil 667, y Quintana Roo, con 25 mil 569.
Los extremos, decíamos al principio, son el escepticismo que tiene como base que la estrategia fue presentada con más de dos meses de retraso: debió estar lista el 1 de febrero; fue entregada el 9 de abril. El otro extremo es el fanatismo: hay quienes creen a pie juntillas que sí se puede y están dispuestos a hacer lo que sea, incluso pasar por encima de los derechos humanos, para cumplir las metas, algo que en sí mismo ya es un oprobio.
Falta, pues, lo que se hará en el ámbito local para empatar con los objetivos de la estrategia. El reto no es fácil: se trata de recomponer un cuerpo policial en el que ha permea la corrupción, por ejemplo, 2015 el Ejército detuvo a Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y Jefe de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, por su relación con el robo de combustible a Pemex; la misma corporación de donde en febrero de este 2025 se dio de baja a Alejandro Ramírez Ulloa como director operativo de la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana por supuestos actos de corrupción, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla. A ese nivel.
Al margen
Férrea y de cumplimiento a grandes lealtades ha sido la defensa que hace el gobernador Alejandro Armenta de la mayoría de los integrantes de su gabinete que han sido objeto de críticas y señalamientos. La razón es una: los integrantes de un gabinete de gobierno vienen de la voluntad del Ejecutivo, caso contrario a lo que pasa en los municipios donde es común que los regidores se deban a posiciones partidistas o de captación de votos.
Hasta ahora el gobierno de Puebla, centrado en sus propios e inmediatos asuntos, ha dejado a muchos municipios solos en manos de alcaldes que en no pocos casos se conducen como dueños, propietarios de los territorios y, como tales, dan rienda suelta a la persecución y venganza política. Aún se está a tiempo de que el titular del Ejecutivo, con el debido respeto a la autonomía municipal, ponga orden y que la Fiscalía General del Estado inste a los regidores a denunciar a los alcaldes que caigan en persecución, violencia de género, abusos y atropellos.
