Existen dos tipos de fedatarios públicos cuyos orígenes son remotos, pero frecuentemente son confundidos: El Corredor y el Notario.
El Corredor surge desde las civilizaciones egipcias y fenicias, como un agente y asesor de los comerciantes, realizando funciones de mediación, poniendo en contacto a vendedores y compradores; fungía como fedatario público dando certeza de los inventarios y actos en los cuales intervenía; y también, al ser un experto en mercancías, determinaba su valor.
El notario público nace al mundo jurídico como escribano, cuando los acuerdos de voluntades dejaron de ser verbales, sustituyéndose su forma por la escrita, razón por la cual su función fue auxiliar a los ciudadanos en la redacción de documentos, pero carecía de fe pública.
Ambas instituciones evolucionaron en los países de origen latino. El Notario fue investido de fe pública por el Estado para dar certeza a documentos, primero de naturaleza civil. El Corredor se convirtió en experto en el derecho mercantil, dentro de todas sus ramas, financiero, corporativo, societario y contractual, siendo una piedra angular en el desarrollo económico.
Ambas instituciones tienen un significativo rol dentro de la sociedad, por la función de fe pública, esencial para celebrar una multiplicidad de actos jurídicos.
El artículo 121 de la Constitución enaltece la toral importancia de la fe pública, sin embargo el Constituyente prefirió dar libertad a la propia Federación y a los Estados para establecer sus propios fedatarios. En la actualidad cada uno de los gremios enfrenta distintos problemas y tienen también sus respectivas cualidades, Los Corredores Públicos en general son ágiles y económicos; tienen un conocimiento mucho más técnico de la materia mercantil por lo que asesoran en forma integral a sus clientes; son designados por la Secretaria de Economía del gobierno federal, lo que conlleva un proceso mucho más transparente y eficiente para su habilitación; y además cuentan con una gama de funciones distinta a la fe pública, como la valuación y los medios alternativos de solución de conflictos. Lamentablemente enfrentan como acérrimo enemigo al notariado de algunos estados.
Los Notarios a su vez son un gremio muy sólido y unido (al menos cuando no hay elecciones), lo cual ha fecundado el reconocimiento de los documentos otorgados ante ellos y la posibilidad que intervengan en documentos en los cuales se recogen actos civiles, sobre todo los inmuebles y mercantiles. Sus problemas radican en el monopolio que estos ostentan sobre las funciones que ejercen, apartándose algunos de ellos de los aranceles establecidos, los cuales incluso en ocasiones son desproporcionales; otros se niegan a dar fe de algún acto o hecho según ellos por el costo político que pude implicar; y otros pocos incurren en innumerables faltas y delitos, que le han costado a algunos su patrimonio. Bueno, al menos en Jalisco se regula, pues en otros estados no exigen requisitos mínimos para poder cumplir en forma correcta con sus funciones, siendo siempre los amigos del Gober en turno, aun cuando hayan comprado su título en algún país caribeño, pues no tienen la obligación de pasar un examen de oposición que en Jalisco si se requiere.
La guerra sucia que se ha suscitado entre ambos gremios ineludiblemente trae como consecuencia hasta Juicios de Amparo y una disminución considerable en los precios de las certificaciones de hechos, actas constitutivas, formalizaciones de asambleas y todos aquellos actos en que los Corredores Públicos pueden intervenir, sin embargo, muy posiblemente conllevará a los notarios a ejercer mayor presión en el Poder Legislativo y Judicial, en aras de tratar de mantener el control absoluto de la fe pública.
¿Pero cómo regular esto? España encontró una solución, ambas figuras se homologaron a pesar del disenso que existía entre ellos, resultando en un gran beneficio social. Los costos se redujeron permitiendo que toda la ciudadanía tenga acceso a un servicio que de origen debe ser "público", los integrantes del nuevo notariado fueron sometidos a una mayor capacitación, se siguen ahora criterios uniformes y se ha logrado despolitizar el otorgamiento de habilitaciones para actuar como fedatario.
Organismos internacionales presionan a nuestro país para desaparecer la fe pública distinta a la del Estado, primero en inmuebles y luego en sociedades, situación fácil de lograr si ambos gremios permanecen peleados.
hromero@correduria58.com
