Las elecciones son una tecnología antigua: convertir palabras en legitimidad. Su combustible es la confianza mínima de que, al menos, la realidad no fue fabricada cinco minutos antes. Por eso la inteligencia artificial (capaz de generar voces, imágenes y escenas verosímiles a costo marginal cero) no solo cambia campañas: cambia la textura de lo creíble.
En días recientes, Claudia Sheinbaum puso el tema sobre la mesa: regular el uso de inteligencia artificial durante procesos electorales, incluyendo mecanismos para identificar contenidos generados o manipulados y sanciones para quien use esas herramientas con intención de engañar. La intuición es correcta: si el costo de falsificar baja, el costo de verificar sube. Y la democracia pierde tiempo, atención y certeza.
Pero este debate no debería quedarse en el gesto moral de “estar contra la mentira”. El problema real es operativo: ¿cómo se protege la deliberación pública cuando la desinformación deja de ser artesanal y se vuelve industrial?
Casi todos los países que han intentado responder terminan, primero, en lo obvio: transparencia. Etiquetas visibles para contenidos sintéticos, obligación de revelar cuando un anuncio político fue generado o alterado, y reglas para que el público pueda distinguir entre propaganda legítima y manipulación. Es el piso mínimo.
Luego aparece lo difícil: la velocidad. En materia electoral, una falsedad que circula 48 horas puede ser irreversible. Por eso las reglas útiles no son las que prometen castigos dentro de dos años, sino las que habilitan procedimientos expeditos: quejas simples, verificación rápida, retiro o rectificación en plazos electorales y no burocráticos. La democracia no se defiende solo con normas; se defiende con tiempos.
También está el dilema de siempre: regular sin censurar. Cualquier diseño serio tiene que distinguir entre manipulación engañosa y formas legítimas de expresión política (parodia, sátira, crítica) porque si la cura se vuelve mordaza, la confianza se rompe por otro lado. La línea no es “contenido falso” versus “contenido verdadero”; la línea es “engaño deliberado con impacto electoral” versus “discurso protegido”.
Si México va a entrar a este terreno, el paquete mínimo debería ser simple y entendible: 1) obligación de identificar contenido sintético en propaganda; 2) procedimiento rápido de queja y corrección; 3) sanciones proporcionales y aplicables; 4) protección explícita de sátira y crítica; 5) coordinación real con plataformas, sin ingenuidad y sin sumisión.
El objetivo no es prohibir la tecnología. Es proteger un derecho básico del ciudadano: saber cuándo le habla una persona y cuándo le habla una máquina. Porque en una época de imágenes perfectas, la democracia depende de una regla humilde: que la verdad no sea un efecto especial.
