El derecho no es solo un conjunto de reglas: es una máquina de imaginar. Cada norma presupone un mundo; cada prohibición dibuja un miedo; cada permiso revela una esperanza. Por eso, cuando una sociedad discute inteligencia artificial, no discute únicamente software: negocia futuros.
La pregunta real no es si la IA “es buena” o “es mala”. Esa es la pregunta fácil, de sobremesa. La pregunta difícil es otra: ¿qué futuro cree inevitable quien pide regularla, y qué futuro cree posible quien pide dejarla correr?
En esa tensión aparecen tres imaginarios, tres futuros, que se repiten en Washington, Bruselas, Beijing… y, cada vez más, en México.
El primero es el de la optimización. IA como infraestructura de eficiencia: expedientes que se leen solos, trámites que desaparecen, diagnósticos que llegan antes, sentencias que se redactan en segundos. Es la utopía de la fricción cero. Seduce porque calza con el “hacer más con menos”. Pero tiene sombra: cuando todo se llama “eficiencia”, los derechos suenan a obstáculo. Lo no medible se vuelve invisible. Y lo invisible, en política pública, suele ser la gente.
El segundo es el del control. Aquí la IA no viene a ayudarte: viene a administrarte. No te mira como ciudadano, sino como variables. Puntajes, predicción, filtros. No hace falta un Estado totalitario: basta un Estado con poco presupuesto, mucha ansiedad y demasiados datos. El problema no es “la tecnología”; es la asimetría: unos pocos ven; los demás son vistos. Unos pocos deciden; los demás solo reciben el resultado.
El tercero es el del colapso. No habla de injusticias puntuales, sino de riesgos sistémicos: modelos que escalan, usos inesperados, fallas de seguridad, pérdida de control sobre sistemas complejos. Por eso aparecen palabras nuevas: licencias, estándares, auditorías, “pruebas de estrés”. A veces suena exagerado; a veces no. Cuando un sistema es suficientemente poderoso y opaco, el margen de error deja de ser detalle y se vuelve asunto de Estado.
El derecho, al enfrentar estos tres futuros, revela su dilema. Fue diseñado para un mundo donde la intención importa y los hechos se reconstruyen. La IA desafía esas certezas: puede producir daño sin intención, discriminar sin autor visible, decidir sin explicar “por qué” en el lenguaje que un juez reconoce.
Y aquí entra México. Hoy no tenemos una legislación específica de inteligencia artificial. Pero no tardará en llegar: por presión internacional, por adopción acelerada en el sector público y privado, y porque la conversación ya se instaló. Por eso importa tanto lo que el derecho imagine desde ahora: una mala imaginación se vuelve ley; una mala ley se vuelve rutina.
La oportunidad es sencilla: antes de discutir artículos y sanciones, discutir principios prácticos. ¿Cuándo es aceptable automatizar una decisión que afecta derechos? ¿Qué transparencia es necesaria para que alguien pueda impugnar? ¿Qué se exige en seguridad, pruebas y monitoreo cuando un sistema opera a escala? ¿Quién responde cuando hay daño?
Esa imaginación no puede ser monopolio del gobierno. Si la IA va a tocar empleo, educación, crédito, seguridad y justicia, deben estar en la mesa sociedad civil, academia, empresas y, sobre todo, los afectados. No para “opinar” sobre tecnología, sino para fijar el mínimo democrático: que la eficiencia no sustituya a la dignidad, que la innovación no sustituya a la rendición de cuentas, y que el futuro no se decida en silencio.
Regular IA no es regular máquinas. Es decidir qué tipo de vida pública queremos que esas máquinas ayuden a hacer posible.
