Todavía no se enfriaban las cenizas de Caborca, Sonora, cuando ya se tiene una nueva masacre. Esta vez en San José de Gracia, Michoacán, donde aparentemente 17 personas habrían sido fusiladas a plena luz del día y los perpetradores habrían dispuesto de cinco horas para limpiar y alterar la escena del crimen y llevarse los cadáveres sin que arribaran al lugar fuerzas estatales y federales.
Cuando Luis González y González escribiera su “historia universal” de San José de Gracia, titulada Pueblo en vilo, refería que 1918 había sido sin duda el peor año en la historia de San José: las incursiones de bandoleros, el más conspicuo, Inés Chávez y la fiebre española. Los rancheros emigraron a la cabecera municipal y una de cada ocho familias salió para siempre de San José por la inseguridad.
En su relato se advierte el dolor y la sensación de vulnerabilidad de la población. El abandono de las autoridades, frente a estos ataques, saqueos, violaciones de mujeres e incendios. González y González menciona que el protector militar de la región, Jerónimo Rubio y sus huestes fueron los primeros en huir al escuchar ¡Ahí viene Chávez! Reprocha su omisión a todas las autoridades desde el presidente de la República hasta el prefecto político.
En los últimos años se han presentado una tras otras decenas de masacres como las de Creel, Ayotzinapa, Huetamo, Caborca, San José de Gracia, entre otras. Su atrocidad descansa en la expectativa total de impunidad. El que se pueda detener, trasladar, ejecutar y limpiar rastros por horas sin la intervención de la autoridad, son omisiones desgarradoras, auténticas fracturas en la viabilidad del Estado. Anteriormente a estos sucesos solía acompañar una condena oficial seguida de una investigación criminal de gran calado. Ahora ni siquiera eso.
En el caso de México hay un descontrol total, no solo contubernio, sino que en algunos casos el amedrentamiento de la autoridad y no me refiero a los tres policías municipales de San José ni a las decenas de policías de Caborca, impotentes frente a una centena de sicarios; sino a las autoridades estatales y federales que no reaccionaron hasta no cerciorarse de que habían terminado sus desmanes los delincuentes.
Estos abominables crímenes desafían a la sociedad mexicana y a lo que queda de su Estado. Se requiere de acciones de inteligencia, de investigación criminal científica y la operación de fuerzas especiales para esclarecer y detener a los responsables, así como ministerios públicos profesionales que lleven las causas. Solo reduciendo los amplios márgenes de impunidad se puede tener una oportunidad de revertir esta catástrofe de seguridad. Un primer gesto decidido podría ser que la Federación atrajera esas investigaciones y actuara con eficacia. Ese sería un primer mensaje de que la escalada de atrocidad provoca que el Estado dedique sus mejores recursos a la investigación y persecución de estos crímenes. Pero por el momento nuestra clase política (sin clase) sigue atribuyendo la responsabilidad a otros niveles de gobierno. Hacen mutis esperando que la ignominia y el dolor se diluyan lentamente de la atención mediática.
El Colegio de Jalisco
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