Suele decirse que en las democracias los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo no me resigno a aceptar que los habitantes de mi país se correspondan con un gobierno que miente, divide a la población y que ni siquiera ha atendido los problemas más graves del país como la inseguridad, la quiebra del sistema de salud, el crecimiento de la pobreza, la falta de empleo, el deterioro del medio ambiente y que ha perdido decenas de oportunidades para propiciar la inversión y el desarrollo con equidad. El gobierno ha incumplido sus promesas y sus más elementales lemas, como el de “no mentir, no robar, no traicionar”, sin que se registre una generalizada desaprobación de los ciudadanos.
No podemos esperar una actitud crítica y ética de las ciudadanas y ciudadanos porque no hay una cultura cívica que descanse en la existencia de un Estado de derecho (leyes que protegen los derechos y se crean de manera democrática; que se cumplen y se aplican a todos por igual). Si hubiera esta regularidad de las normas y no hubiera impunidad entonces las personas tendríamos confianza en las leyes y las instituciones y las defenderíamos: sabríamos nuestras obligaciones y nuestros derechos y los asumiríamos; nos indignaría y denunciaríamos cuando la propia autoridad y los particulares violan la ley; apoyaríamos a las instancias encargadas de velar por los derechos y aplicar la ley (como la Suprema Corte, el INAI, el INE, entre otros).
En México no se ha desarrollado una cultura cívica y de legalidad porque el Estado de derecho se ha minado por décadas de actuación del Estado como distribuidor selectivo de impunidad; la participación desinteresada de la ciudadana en asuntos públicos, fue sustituida por una red de complicidad y reciprocidades ilegales, que marginaban el mérito y la capacidad. La cuarta transformación triunfó por la decpeción generalizada con las otras opciones políticas y ha ido adquiriendo la maquinaria electoral y las redes corporativas y de reciprocidad de otros partidos (recordar como estados completos como Sonora, Sinaloa y Nayarit cambiaron de franquicia priísta por la de morena y sus dueños fueron premiados con cargos en el gabinete y embajadas). La 4-T no es una ideología, es una técnica para retener el poder.
Lo que se dio fue una sustitución de camarillas gobernantes en la que se reúnen nuevamente los elementos que caracterizan al presidencialismo: predominio de un solo partido o fuerza en el ejecutivo y el legislativo y disciplina de los miembros de esa fuerza al presidente. Ya fraguadas estas condiciones, se comienza a penetrar los contrapesos e instancias de autonomía.
Hace cinco años el actual presidente ganó con el apoyo decisivo de los ciudadanos más críticos e informados que estaban cansados de la ineficacia y corrupción en el gobierno.
Estos ciudadanos pueden volver a ser el fiel de la balanza frente a la red corporativa y clientelar que está tejiendo este régimen. Para lograr revertir esta hegemonía tendrá que sacarse ciudadanía en un entorno de polarización, intolerancia e ilegalidad que no le son propicios. Los ciudadanos tendremos que obtener peras del asediado olmo de nuestra democracia.
