El día de ayer se aprobó la segunda reforma constitucional de la Cuarta Transformación para ampliar de nuevo los supuestos de la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que esta institución procesal que ya ha sido declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los nuevos delitos incorporados al ominoso catálogo de delitos “inexcarcelables” son extorsión, narcomenudeo y delitos previstos en la cadena de producción y comercialización de drogas sintéticas como el fentanilo.
Además de ser una figura contraria a los derechos fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia, está demostrado que es una medida de política criminal injusta, ineficaz y hasta contraproducente.
Es injusta porque se ha demostrado que se le aplica personas que cometen delitos menores. Por ejemplo, la reforma de 2019 representó un incremento inmediato de 20 mil personas en la prisión preventiva. Entre los delitos incorporados por esa iniciativa del presidente López Obrador, estuvieron los de portación y posesión de armas, contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por esa disposición más de cinco mil personas acusadas por esos delitos padecieron injustamente la prisión preventiva, siendo que 69% de ellos recibieron sentencias de menos de tres años de prisión que se conmutan por multa o se logra una prelibertad al momento de recibir la sentencia. Es decir, es una rudeza institucional innecesaria y que no abona nada a la seguridad. Se trata de personas que tenían un arma para su defensa o de algún propietario rural con un arma para cazar. De ser acopio de armas, comercio o decomiso de arsenales, las sanciones previstas son de más de 10 o 15 años, que representa menos del 2% de los casos. Es decir, buscando inhibir delitos graves se afecta a más de 90% de los procesados que cometieron delitos menores.
Lo mismo ocurre con los delitos en materia de hidrocarburos: se buscaba inhibir el huachicoleo y llenó las prisiones (y extorsiones de la autoridad) con despachadores acusados de surtir litros incompletos. Ahora se llenarán las prisiones de consumidores de drogas acusados de menudistas. Se puede advertir la desproporción e injusticia de la medida. Es decir, una política extraviada y costosísima en legitimidad y dinero. Se incrementó de 75 mil a 85 mil las personas que padecen la prisión preventiva, sin que la incidencia delictiva ni la percepción de inseguridad se reduzcan.
La prisión preventiva es hasta contraproducente porque el sistema penitenciario cada vez cuesta más (costo para el erario de 500 pesos diarios por manutención de cada interno), por lo que se quita recursos a la atención de las causas del delito, la prevención, la investigación criminal y los procesos judiciales de calidad.
La prisión preventiva forma parte del populismo penal, pues las causas del crimen son la desigualdad social, las insuficiencias y deficiencias de la investigación criminal y una impunidad de 90% en homicidio y más de 95% en delitos en general. A falta de resultados, “pirotecnia legislativa”. ¿Qué es más fácil mejorar a las policías y a los ministerios públicos o reformar la Constitución? Los diputados ayer lo dejaron muy claro.
