Jaime Rodríguez, distraído en sus propios infiernitos ("Vamos a tener nuestra agencia de publicidad", "¡Ingrata sociedad!"), ni cuenta se ha dado que, en breve, su gobierno podría firmar un convenio final con Kia que en sus últimos alcances otorga en la práctica a la automotriz coreana y a sus proveedores de una suerte de exención temporal e ilimitada de impuestos con cargo al contribuyente nuevoleonés.
Como se mencionó aquí en MILENIO Monterrey hace poco ("Entre Pares" 20-01-16), en la página 17 del acuerdo original para atraer a la entidad la inversión de Kia, ha pasado mayormente desapercibido un regalo fiscal o una bomba de tiempo activada que ni el neoliberal secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hubiera diseñado mejor para crear un paraíso fiscal en NL. Ni siquiera Ildefonso Guajardo, secretario de Economía que tan bien ha tutelado los intereses de Kia se ha percatado de lo que anida ahí en perjuicio de los nuevoleoneses ¿O acaso sí?...
Se trata de una provisión por la que el Gobierno de NL se obliga a reembolsar a Kia y a sus proveedores de todas las multas fiscales y gastos asociados (¡sic!) en las que incurriesen. Así, sin límite alguno y sin diferenciar si se trata de impuestos federales o locales. En la práctica esto significaría que si Kia o cualquiera de sus proveedores omitiera el entero de cualquier impuesto de cualquier tipo y de cualquier monto (Nóminas, ISR, IVA, etc.), las multas incurridas y gastos asociados serían entonces cubiertos por el Gobierno de Nuevo León.
Cabe destacar que por "gastos asociados" puede entenderse cualquier erogación accesoria al crédito fiscal, por ejemplo actualizaciones, recargos y hasta por los honorarios de bufetes legales en caso de litigio, hasta que finalmente, agotadas las instancias, un día se enteraran los impuestos sin que los omisos o evasores perdieran un pelo.
La ironía es que la vía a ese escenario fiscal bien pudo haber sido pergeñada por Fernando Elizondo, quien en un tiempo allegado al bufete familiar que el gobierno medinista contrató para elaborar todos los contratos que atrajeran a la automotriz coreana, ahora en la paradoja del conflicto de interés, la combate como coordinador ejecutivo del Bronco, quien está en contra del oneroso mamotreto que le heredó su antecesor en el cargo.
La armadora y todos sus proveedores en cualquier momento a su discreción podrían aprovechar el paraíso fiscal abierto para financiarse por un lapso con la evasión o la omisión de algún impuesto a su cargo, en el entendido que hasta que a los empresarios conviniera, el gobierno de Jaime Rodríguez cargaría con la responsabilidad de sus multas, sanciones, recargos y actualizaciones. Si ahorita el gobierno de El Bronco se declara quebrado, no habría palabras para describir los montos que deberían cubrir los regiomontanos si no se destruye esta cláusula contractual con Kia.
Fernando Elizondo con toda su experiencia como financista, tesorero y secretario de Energía, no puede desconocer lo que si no fue diseñado o revisado en algún momento por él, debe haber sido ya puesto a su consideración por algunos de sus asesores. ¿O es que la pugna de intereses al interior del gabinete bronquista no permite más que el diálogo de sordos?
El peligro latente para las finanzas públicas de NL es claro: en una hipótesis extrema pero realista, Kia y sus proveedores podrían utilizar los impuestos a su cargo como flujo de capital líquido por algún tiempo indefinido que podrían alargar mediante litigios fiscales, siempre a cargo del contribuyente nuevoleonés. Mientras tanto el Gobierno de NL tendría que pagar las sanciones, multas y los apremios económicos que se dictasen a esas privilegiadas terceras personas y hasta los honorarios de onerosísimos litigantes fiscales que contratasen a su libre albedrío (que cobran como mínimo el veinte por ciento sobre la suerte principal). Las vías de evasión y dilación fiscal terminarían un día eventualmente.
Con el último amparo, Kia o sus proveedores enterarían el impuesto omitido tiempo atrás sin ningún costo financiero para ellos. Y podrían volver a empezar. Esto y no otra cosa es en la práctica una exención fiscal, universal e ilimitada para Kía y sus proveedores disfrazada de estímulo al pago de multas con cargo al erario de NL.
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