El gobierno de Rubén Moreira desvió 475 millones de pesos a 14 empresas fantasma, de acuerdo con las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General.
La malversación se detectó en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, lo cual supone una extracción sistemática de caudales públicos para favorecer a funcionarios y particulares, en detrimento de la calidad de vida de los coahuilenses y de servicios prioritarios como el de salud, colapsado desde hace varios años.
La ASE le puso en bandeja de plata a la Fiscalía General elementos para encausar a los responsables de desviar casi 500 millones de pesos a empresas fantasma. La todóloga Riviera Álamo, vinculada a la exsecretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, recibió alrededor del 10 por ciento de esa cantidad. La exfuncionaria debe conocer la ruta del dinero en los años más turbios del moreirato, pues desde la subsecretaría de Egresos de Finanzas hizo mancuerna con Javier Villarreal, artífice de la megadeuda. En 2011, Monsiváis fue transferida a Secretaría de la Función Pública para borrar huellas, pero el tema de la deuda salió de control y se convirtió en escándalo nacional.
Rubén Moreira diseñó el Sistema Estatal Anticorrupción como escudo personal. Sin embargo, para protegerse de futuras investigaciones y denuncias de la ASE, también necesitaba controlar la Fiscalía General más allá de su sexenio. En ese empeño, presionó al entonces gobernador electo, Miguel Riquelme, para proponer al Congreso a otro peón del clan, en funciones de procurador de Justicia: Homero Ramos Gloria, cuyo ostentoso aparato de seguridad todavía corre hoy por cuenta del estado.
Riquelme resistió la presión y el Congreso —de mayoría priista— eligió a Gerardo Márquez para ocupar la fiscalía. Ese pudo ser uno de los primeros desencuentros entre Moreira y su delfín.
Después vendrían otros. Si la corrupción fue el tema de las elecciones del 1 de julio y combatirla es la principal bandera del presidente electo López Obrador, los gobernadores deben actuar en consecuencia. La denuncia de la ASE sobre las empresas fantasma abre la puerta para castigar uno de los muchos excesos del moreirato y legitimar al gobierno.
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