La semana pasada se dio a conocer que México planea imponer aranceles de hasta 50 por ciento a muchos productos importados provenientes de países asiáticos con los que no tenemos un acuerdo comercial. Este giro en nuestra política arancelaria no es del todo nuevo. De hecho, ya en los últimos meses se ha venido anunciando la imposición de este tipo de gravámenes a diversos productos provenientes de ciertos países.
La justificación de este cambio en nuestra política arancelaria se parece mucho a la que ha utilizado el presidente Trump para explicar su propia política proteccionista: se busca fortalecer a la industria nacional, reducir el déficit comercial con ciertos países, promover la sustitución de importaciones, reforzar las cadenas de producción locales y, de paso, obtener una recaudación adicional.
Hay varias diferencias importantes, sin embargo, entre lo que plantea el gobierno mexicano y lo que ha hecho el presidente Trump. De entrada, hay una diferencia en las formas: la presidenta Sheinbaum propone establecer estos aranceles mediante una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Esto implica que la reforma se hará a través de la aprobación del Congreso y no como un decreto o acción ejecutiva presidencial, que es como lo ha estado haciendo el presidente Trump.
En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre con Trump, la modificación arancelaria se hace dentro del marco legal y regulatorio de la Organización Mundial de Comercio, por lo que estos aranceles no estarán sujetos a una potencial denuncia de los países afectados. Esto implica también que México envía una señal al resto del mundo de que continuará operando bajo los principios comerciales establecidos y que seguirá honrando sus acuerdos comerciales previos.
Una tercera diferencia es que México, a diferencia de Estados Unidos, está procediendo de una manera selectiva y, hasta cierto punto, quirúrgica. No se trata de un proteccionismo generalizado, se trata de aumentarle los aranceles solo a ciertos países y solo a ciertos productos. El objetivo más evidente son los productos chinos y, muy en particular (aunque no solo), los autos provenientes de ese país. El déficit comercial con China ha alcanzado niveles alarmantes y el intercambio comercial entre los dos países es sumamente desequilibrado: por cada dólar que le vendemos de productos mexicanos a China, nosotros les compramos 13 dólares de sus productos.
Considero que el cambio de política está justificado en función del nuevo orden mundial y de la necesidad de fortalecer la integración de nuestras cadenas locales de producción. Quizá la lista de productos sujetos a arancel es todavía demasiado amplia e incluye más bienes intermedios de los que debería. Si bien algunos de estos bienes podrían ser sustituidos por producción local, en la medida en la que esto no esté garantizado, esto podría terminar afectando la competitividad de algunos sectores productivos nacionales. En general, sin embargo, creo que es una buena medida que podría contribuir a los objetivos de desarrollo nacional y que podría funcionar como una herramienta estratégica de negociación con miras a la inminente revisión del T-MEC.
