Según las cifras de la OCDE de 2022, la recaudación por impuestos a la propiedad en México es sumamente baja. Mientras que los países de esta organización recaudaron por este concepto un promedio de 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), México solo logró recaudar 0.3 por ciento del PIB. Y no se crea que esto es solo el resultado de una comparación con los países ricos, ya que países como Chile o Colombia recaudaron 1.2 por ciento y 1.5 por ciento de su respectivo PIB. Algunos países ricos llegan a recaudar hasta el 3 por ciento del PIB por este tipo de impuestos.
Una forma de corregir esta situación es mediante una reforma profunda del impuesto predial en México. Esto promovería una mejora de la capacidad tributaria de las entidades federativas y tendría un carácter eminentemente progresivo, ya que la propiedad inmobiliaria esta extremadamente concentrada en la parte alta de la distribución del ingreso. Los recursos obtenidos podrían distribuirse de manera más equitativa, contribuyendo así a mejorar la igualdad de oportunidades en todo el país.
Es sabido que existen dos problemas fundamentales con la recaudación del impuesto predial en México: 1) la existencia y el mantenimiento de los registros catastrales y 2) el cobro oportuno y adecuado del impuesto. Un aspecto clave de estos dos aspectos es que, al tratarse de un impuesto municipal, el cobro efectivo de este impuesto depende crucialmente de la capacidad institucional para mantener el catastro y realizar la cobranza. Es ampliamente reconocido que la mayoría de los municipios mexicanos carecen de estas capacidades. Evidentemente, existen algunas excepciones: aquellos municipios con una amplia oferta hotelera y algunos otros relativamente ricos. La otra excepción, por supuesto, es Ciudad de México, la cual cobra el impuesto de manera centralizada y no a través de sus alcaldías, ya que estas no tienen las mismas atribuciones que los municipios.
Por lo anterior, se propone una reforma que tenga los siguientes componentes:
1) Una modificación legal que permita que los municipios le cedan la potestad de organización, levantamiento y mantenimiento del catastro a los gobiernos estatales.
2) Un acuerdo entre municipios, estados y federación para que sea esta última la encargada de realizar la cobranza del impuesto predial. Esto podría hacerse a través de la institución que ya emite recibos bimestrales a la mayoría de las construcciones en México, es decir, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
3) Un acuerdo entre municipios, estados y federación para distribuir los recursos recaudados en tres componentes: uno resarcitorio para los municipios (es decir que les reponga lo que dejaron de recaudar de manera directa), un pago por servicios de registro catastral a los estados y el resto para la federación, lo cual podría servir para constituir un Fondo Regional de Infraestructura Económica y Social con un enfoque compensatorio.
Una propuesta de este tipo podría mejorar significativamente la recaudación del impuesto predial en México. Si lográsemos llegar a los niveles de Chile o Colombia esto podría significar alrededor de un punto porcentual del PIB en recaudación adicional. Nada mal.
