Un tuit crítico puede, ahora, costar caro. A Karla Estrella le costó un año y medio en el Registro de Personas Sancionadas, una multa, un curso obligatorio y un mes de disculpas públicas. ¿Su falta? Haber cuestionado la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, esposa del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
El tribunal sentenció que minimizar la trayectoria de Barreras por su relación con su esposo era un acto discriminatorio. Karla debió pedir perdón públicamente por 30 días y leer bibliografía sobre lenguaje incluyente. Y no fue la única. La actriz Laisha Wilkins enfrentó un proceso similar por un irónico “jaja Dora la censuradora” y el periodista Héctor de Mauleón fue obligado a retirar columnas críticas sobre una candidata a magistrada.
El patrón es claro, se trata una herramienta jurídica legítima que se está usando como un escudo político. Así lo advirtió Artículo 19, organización especializada en la defensa de la libertad de expresión, al señalar que, en 2024, de los procesos abiertos contra periodistas, el 28.5% utilizaron como pretexto la violencia política de género. No eran casos de ataques misóginos, sino litigios estratégicos para acallar voces incómodas. Según el organismo, se trata de un “abuso y mala utilización de figuras legítimas, resultado de luchas históricas de las mujeres, que hoy se instrumentalizan como una forma de censurar”.
La postura de Artículo 19 es clave, porque obliga a separar dos debates que algunos pretenden confundir deliberadamente: proteger a las mujeres en política frente a agresiones reales y, por otro lado, blindar trayectorias políticas de cualquier cuestionamiento. La primera es una causa justa e impostergable; la segunda, un abuso que erosiona la credibilidad del propio marco jurídico y desacredita las conquistas feministas que lo hicieron posible.
No es casual que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya marcado distancia al señalar que “el poder es humildad, no es soberbia… no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”. Una crítica que reconoce lo esencial, la libertad de expresión no puede tratarse como un acto de violencia, por el simple hecho de incomodar.
