El martes pasado, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fue detenido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León, en conjunto con efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Fuerza Civil, debido a una denuncia interpuesta en su contra, por el hoy gobernador, Samuel García, en donde se le acusa de haber utilizado a 572 servidores públicos, durante su administración, para la recolección de firmas que le permitirían obtener su candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. El caso, mediáticamente, fue conocido como las “broncofirmas”.
Lo inédito del asunto es que, El Bronco, no sólo es el primer candidato independiente —que resultó en gobernador electo de Nuevo León—, sino también el primer candidato presidencial (“independiente”) que es encarcelado. De modo que las falsas esperanzas, avivadas por los principales promotores y entusiastas de las mal llamadas “candidaturas independientes” —en realidad, ‘candidaturas sin partido’—, respecto de su presumible incorruptibilidad, cayeron por la borda.
El Bronco es también quien propuso, como candidato presidencial, que a los corruptos se les “mocharan las manos”. Incluso, fiel a su característica locuacidad, fue más allá, al sugerir, en entrevista, la creación de un Tribunal específico que sancionara con estas penas corporales, propias del Medievo y la Inquisición. Habrá que ver si sigue pidiendo, enérgicamente, la misma sanción para su persona.
Recién ganó las elecciones a la gubernatura, El Bronco fue un exitoso arquetipo del más genuino neopopulismo, distintivo de México y del continente americano, mismo que termina por exacerbar, una vez en el poder, tanto el culto a la personalidad como la concentración unipersonal de todos los poderes.
De forma que representa el estereotipo de ese estilo de políticos que se posiciona como enemigo público número 1 de los partidos políticos, bravucón, ‘echado para adelante’, políticamente incorrecto, enemistado con los medios, iracundo, dicharachero, ‘bañado’ o ‘barnizado’ de sociedad civil y peculiarmente inculto: presumía leer únicamente, y sin tapujos, el Libro Vaquero. De modo que todo ello le ayudó a sumar una abultada popularidad hace siete años, lo que, también, le facultó a ‘vender’ futuro político. No obstante, ante el rotundo y evidente fracaso de su gobierno, no sólo quedaron sepultadas sus aspiraciones políticas para hacerse de la presidencia, sino que se convirtió en el segundo gobernador peor evaluado del país [con 32.9 por ciento, al final de su sexenio, según Mitofsky] y terminó en la cárcel ante recurrentes denuncias de corrupción en su gestión, mismas que fueron sistemáticamente consignadas por la prensa neolonesa durante toda su gestión.
Lo más aleccionador y/o revelador del caso Bronco, es que su vinculación a proceso y encarcelamiento no derivó del trabajo de un costoso, entumecido y barroco Sistema Anticorrupción (estatal o nacional), sino de la directa denuncia del gobernador de Nuevo León, que hizo conjugar lo que objetivamente se necesita para sancionar a los corruptos: voluntad política, con una eficaz procuración de justicia (carpetas de investigación debidamente integradas) e impartición de justicia (jueces dispuestos a dictar sentencia sin torcerse).
Gabriel Torres Espinoza
Twitter: @GabrielTorresEs
