La reciente elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, integrada por legisladores de Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro, PT y PVEM, ha generado una señal política que no puede pasar inadvertida. Por primera vez en esta legislatura, el partido en el ejecutivo estatal, Movimiento Ciudadano, no tiene representación alguna. Esta exclusión formal no es un accidente ni producto del azar parlamentario, sino la expresión visible de un fenómeno político más profundo, la consolidación de un bloque opositor funcional que ha comenzado a operar de forma articulada, sin depender del partido en el gobierno.
Esto adquiere mayor cuerpo si se considera que Movimiento Ciudadano es la primera fuerza política en el Congreso y, sin embargo, se ha quedado fuera de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos legislativos durante un semestre crucial, el de la discusión del Presupuesto 2026 y la Reforma al Poder Judicial. La lectura institucional es contundente, la gobernabilidad legislativa se ha fragmentado, y se empieza a perfilar en Jalisco lo que en ciencia política se denomina como un gobierno dividido.
Un gobierno dividido ocurre cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están en manos de expresiones políticas distintas y, en consecuencia, los equilibrios, las agendas y las prioridades dejan de estar alineadas. A diferencia del presidencialismo con gobierno unificado, donde el partido del Ejecutivo suele controlar al Legislativo, el gobierno dividido tiende a exhibir mayores niveles de desacuerdo institucional y una agenda pública que deberá ser más negociada.
En Jalisco, este escenario no es aún total, pero sí incipiente. El hecho de que MC no haya logrado colocar a un solo integrante en la Mesa Directiva refleja su aislamiento político progresivo y, ahora, innegable. Es producto no solo de un cambio en las correlaciones de fuerza dentro del Congreso, sino también de una interlocución errada y aún no efectiva entre el Ejecutivo y las fuerzas parlamentarias. Evidencia que el resto de los grupos logró construir un acuerdo, sin el partido del gobernador.
Este movimiento opositor, articulado, parece tener un eje de contención frente al proyecto político del gobernador Lemus. No es casual que los partidos representados en la Mesa Directiva, especialmente PAN y Morena, hayan encontrado un punto de convergencia parlamentaria. Puede que no compartan una visión ideológica, pero sí participan de un objetivo práctico: equilibrar, limitar o condicionar el otrora poder hegemónico del Ejecutivo emanado de MC.
Esta reconfiguración institucional llega justo antes de la glosa del Primer Informe de Gobierno, donde se espera una comparecencia ampliada. Que estas comparecencias se realicen bajo la conducción de una Mesa Directiva ajena totalmente al partido gobernante, abre la puerta a mayores niveles de escrutinio, crítica, debate y exigencia de rendición de cuentas.
Más aún, en el marco de la discusión presupuestal y la inminente reforma al Poder Judicial, tema de alta sensibilidad y profundo calado institucional, la ausencia de MC en la Mesa Directiva del Congreso complica los escenarios de aprobación rápida y sin modificaciones de fondo. El Ejecutivo ya no puede confiar en mayorías automáticas; debido a la falta de pericia en sus interlocutores, deberá ahora, él mismo, construir acuerdos, negociar con actores múltiples y reformular su estrategia de relación con el Legislativo.
El Ejecutivo, parece haber advertido con realismo el nuevo escenario. Ahora corresponde reconstruir una nueva gobernabilidad con los partidos, abandonar la lógica de las hegemonías y ensayar un modelo de diálogo más horizontal y receptivo, tal vez con nuevos actores.
La exclusión de Movimiento Ciudadano de la Mesa Directiva no es una anécdota. Es un síntoma de agotamiento de sus interlocutores y una oportunidad para que la política en Jalisco se reencauce hacia una gobernabilidad basada en el equilibrio, la negociación y la legitimidad compartida. Exige participantes eficaces entre el Ejecutivo y el Congreso. No basta la cercanía política ni la lealtad incondicional. En un contexto de gobierno dividido, la gobernabilidad dependerá menos de la fuerza, y más de la pericia e inteligencia política de quienes median entre poderes.
