En 2018 el congreso estatal gastará más de mil 582 millones de pesos, la segunda cifra más alta después de la CDMX, que asciende a 2 mil 366 millones; ambos muy por encima de las cámaras de Hidalgo y Colima, las menos onerosas, con presupuestos de 132 y 95 millones, respectivamente. Así lo revela el Informe Legislativo 2018, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que analizó el presupuesto de las 32 legislaturas locales.
Lo primero que dirán los defensores de este elevado presupuesto es que el Estado de México es la entidad más poblada del país; en consecuencia, el de la cámara más grande: 75 representantes populares. Sin embargo, el estado de Hidalgo, con el segundo congreso más barato del país, tiene 30 diputados. La diferencia es que cada diputado hidalguense cuesta 4.4 millones, muy por encima de los 21.09 millones que cuesta cada representante mexiquense.
Existen muchas explicaciones para entender las razones de este presupuesto. Una de ellas es que, históricamente, al poder legislativo se le ha sometido a través de dietas elevadas, altos gastos de representación y muchos recursos para “gestión social”. Se pueden contar muchas historias de la forma en que se han repartidos recursos para conseguir fines políticos.
Un ejemplo es la forma en que se logró designar, mediante sobornos a los diputados, como gobernador del estado a Isidro Fabela, en 1942, a pesar de que no cumplía los requisitos legales para serlo; otro es la forma en que Arturo Montiel dividió a la bancada panista en 2000, mediante “cañonazos millonarios”, para mantener el control de la legislatura.
Estos son únicamente dos ejemplos, pero la lista es muy larga. Existen otras prácticas muy conocidas, como la de enviar sobres millonarios a todos los representantes populares, apenas instalados en sus curules, como un “regalo del señor gobernador”, siempre en efectivo y con la posibilidad de que la cantidad pueda aumentarse, si para alguien fuera poco.
Dicho de otra manera, el alto costo de la legislatura se ha utilizado, recurrentemente, para controlar a los diputados, oficialistas o de oposición. Ahora que el estado de México tendrá un gobierno dividido, con un gobernador del PRI, pero con un congreso dominado por Morena, esa lógica tiene que cambiar. La austeridad republicana debe ser parte también del trabajo legislativo cotidiano. Los gobernantes y los representantes tendrán que ajustarse a las nuevas circunstancias.
