La corrupción es una acción humana orientada a obtener beneficios propios, a costa del interés público, con graves implicaciones sociales. Es uno de los principales problemas de nuestro país. Se manifiesta de diferentes maneras; en muchos espacios públicos y privados. Forma parte de un círculo vicioso que también ha generado pobreza, desigualdad e inequidad.
La corrupción en México es un serio problema, alimentado por la falta de mecanismos sancionadores de estas prácticas. Es claro que no es un fenómeno generado en la actual coyuntura, sino con raíces estructurales. También es una consecuencia de la permisividad de la sociedad y de la actuación de varios actores políticos, que han visto en ella el "lubricante" y el "engrudo" del sistema, como lo señaló Alan Riding en su obra Vecinos distantes. Un retrato de los mexicanos.
Por eso no es sorprendente que en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, presentado recientemente por Trasparencia Internacional, donde se evalúa la percepción de la población sobre este fenómeno, nuestro país haya obtenido una puntuación de 30 en una escala de 0 a 100, cinco puntos menos que en 2015. Esto lo lleva al lugar 123, lo cual significa un retroceso, porque en el IPC del año pasado se encontraba en el lugar 95, de entre 168 países.
México es el peor evaluado entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además, si se compara con los países latinoamericanos, también es uno de los peor ubicados en el IPC. Por ejemplo, se encuentra debajo de Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana. Comparte el lugar con Paraguay y solamente es mejor calificado que Guatemala, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Por esta razón es urgente que quienes dirigen las instituciones responsables de erradicar este flagelo tomen en cuenta esta medición del problema, que según el IPC cada año se agrava. Debe considerarse que los escasos resultados en el combate a la corrupción tienen efectos negativos sobre la vida pública en su conjunto y sobre las condiciones de vida de los mexicanos.
Es urgente aplicar estrategias efectivas de lucha contra este fenómeno. La creación de instituciones que combatan este flagelo debe ser una prioridad. Se requiere de un compromiso real para suprimir estas prácticas; también de un amplio acuerdo para eliminar la corrupción en todas sus expresiones. La situación actual de México lo amerita.
