Es evidente que México no está en el mejor momento para negociar un acuerdo comercial. Para muchos especialistas, las presiones de Estados Unidos a nuestro país son más bien de orden político y no necesariamente de naturaleza judicial. Es una estrategia muy conocida del actual presidente de Estados Unidos: golpear, debilitar y luego sentarse en la mesa a negociar.
Hace más de 35 años, durante la administración del expresidente Salinas, cuando se iniciaron las negociaciones del TLC, había temores que con el tiempo los mexicanos hemos ido olvidando, pero siempre han existido. Negociar con el país más poderoso del orbe tiene sus riesgos y ahora se están materializando.
Es como si con el tratado comercial con el tiempo hubiéramos ido olvidando que la relación con Estados Unidos es abismalmente asimétrica. Que, si bien durante estos años hemos convivido como socios, nunca hemos sido pares. En un contexto de globalización de beneficios mutuos, nuestra relación con Estados Unidos era de “primus inter pares”. Siempre asumimos el liderazgo de nuestro vecino del norte, pero olvidamos que en esta actitud siempre hubo algo de condescendencia.
Nadie recuerda aquellos días en que la sola idea de pensar en asociarnos con la economía más grande del planeta y maximizar las “ventajas comparativas” de cada país parecía demencial. Podría parecer irónico, pero tuvo que pasar más de un cuarto de siglo para que algunos de esos temores se materializaran. Negociar entre desiguales nunca va a ser cómodo para la parte más débil.
La paradoja es que, pese a todo, los mexicanos seguimos viendo el tratado como una necesidad inevitable. La Encuesta Nacional de Parametría más reciente muestra que una mayoría considera que México debe mantenerse dentro del acuerdo, aunque haciendo ajustes y defendiendo mejor sus intereses. No hay un rechazo al modelo de integración económica; lo que existe es una sensación de fragilidad frente a un socio que ha aprendido a utilizar el comercio como instrumento de presión política.
Durante décadas vimos al libre comercio como una ruta irreversible hacia la modernización. El tratado no solo transformó la economía mexicana; también modificó nuestra forma de entender el desarrollo. Las cadenas productivas, las exportaciones manufactureras y la dependencia de las inversiones estadounidenses terminaron integrándose de tal manera que hoy resulta prácticamente imposible imaginar una ruptura sin costos severos para todas las partes. Ese es precisamente el centro del problema: cuanto más exitoso fue el proceso de integración, más vulnerable se volvió México frente a cualquier intento de presión.
Por eso la renegociación actual despierta inquietud incluso entre quienes no siguen de cerca los detalles técnicos del acuerdo. Existe una percepción bastante extendida de que, si las negociaciones fracasan, México sería el país más afectado. Esa idea revela hasta qué punto los ciudadanos entienden la dimensión estructural de la dependencia económica. Ya no se trata únicamente de exportaciones o aranceles; el tratado atraviesa empleos, inversiones, estabilidad cambiaria y expectativas de crecimiento.
Lo más significativo es que esa preocupación convive con una expectativa de defensa nacional. Una parte importante de los entrevistados considera que el gobierno mexicano sí cuidará los intereses del país en la negociación. En el fondo, la ciudadanía parece debatirse entre dos emociones contradictorias: la desconfianza hacia la relación asimétrica y la esperanza de que, aun en condiciones adversas, el Estado mexicano pueda contener los excesos de Washington.
Sin embargo, la realidad demuestra que las reglas del juego han cambiado. Durante muchos años, Estados Unidos impulsó el libre comercio como un proyecto estratégico de expansión económica y estabilidad regional. Hoy el escenario es distinto. El discurso proteccionista, la presión migratoria y la competencia geopolítica con China han convertido al comercio en un instrumento subordinado a prioridades políticas internas. El problema para México es que seguimos negociando bajo la lógica del viejo paradigma mientras Estados Unidos actúa bajo una lógica completamente distinta.
Esa diferencia explica buena parte de la tensión actual. México sigue viendo el tratado como un mecanismo de cooperación económica; Washington lo utiliza también como una herramienta de presión diplomática y electoral. Ahí reside la principal desventaja de nuestro país: dependemos de una relación cuya naturaleza cambió más rápido de lo que se preveía.
En este contexto, la renegociación del T-MEC no es solamente una discusión comercial. Es una prueba de capacidad política, institucional y diplomática para México. El verdadero desafío no consiste únicamente en conservar el acuerdo, sino en hacerlo sin aceptar condiciones que profundicen todavía más la dependencia estructural del país.
Paradójicamente, la misma integración que durante años fue presentada como una garantía de estabilidad hoy limita los márgenes de maniobra nacionales. México necesita a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos necesita a México, y esa percepción aparece claramente reflejada en la opinión pública. La asimetría ya no es una advertencia teórica; se ha convertido en una experiencia política concreta.
Tal vez por eso el debate público sobre el tratado tiene hoy un tono distinto al de los años noventa. Antes predominaba el entusiasmo modernizador. Ahora domina una mezcla de pragmatismo, cautela y resignación. Los mexicanos parecen entender que el tratado seguirá siendo indispensable, pero también saben que la dependencia tiene costos y que, en una negociación entre desiguales, la estabilidad nunca está completamente garantizada.
