Anabel Hernández en abril de 2021 publicó una columna en Deutsche Welle (la cadena de noticias alemana para el extranjero) en la que afirma que el hoy gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, buscó y obtuvo la “bendición” de Ismael “El Mayo” Zambada para ser candidato a gobernador.
En junio del mismo año, Hernández, en entrevista con EMEEQUIS, detalló que, según fuentes del Department of Justice de Estados Unidos, Rocha Moya tuvo comunicación con El Mayo desde 2018, cuando era senador. Hernández argumentaba hace 5 años que Rocha habría contado esa historia a compañeros de Morena y periodistas de Culiacán. Antes de abril de 2021 no hay registros públicos de investigaciones periodísticas o judiciales que vincularan a Rocha con el narco.
En un hecho sin precedente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa y a otros 9 funcionarios, o exfuncionarios de operar para un cartel de Sinaloa, tener reuniones con sus líderes, permitir sus operaciones en el Estado y colocar funcionarios corruptos en el gobierno estatal, policía y fiscalía. Todas estas acciones a cambio de apoyo político y sobornos para importar cantidades masivas de droga a Estados Unidos.
Si bien estas son las acusaciones, la pregunta del propio gobierno mexicano y analistas es: ¿Qué sabe el gobierno de Estados Unidos para realizar estas acciones? ¿Cuál será la reacción de nuestra ciudadanía ante tal evidencia? ¿Qué hará el gobierno de Estados Unidos si en su consideración, México no respeta los acuerdos de extradición? ¿Cuál será la reacción de la opinión pública ante un claro acto de intervención? ¿Cómo reaccionaría la opinión pública en un caso de intervención extrema? No es la situación ahora, pero parece útil para ilustrar nuestros niveles de tolerancia.
La Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría levantada entre el 24 y el 28 de enero de 2026, ofrece un marco útil para interpretar el clima de opinión en México respecto a esta intervención de Estados Unidos en temas de seguridad. Este contexto resulta particularmente relevante ante las acusaciones recientes del gobierno estadounidense. Dichas tensiones pueden influir en percepciones de soberanía, seguridad y legitimidad institucional.
El estudio muestra una percepción clara de que el problema del narcotráfico preocupa más a Estados Unidos que al propio gobierno mexicano. El 49% de los encuestados considera que esta problemática preocupa más al gobierno estadounidense, frente a un 39% que opina que preocupa más al gobierno mexicano. Este dato sugiere una percepción de asimetría en la prioridad política del combate al crimen organizado. En el contexto de acusaciones externas, esta percepción puede reforzar la narrativa de que Estados Unidos actúa desde intereses propios más que desde una cooperación genuina.
La opinión pública mexicana muestra un rechazo contundente a una intervención unilateral. En un escenario extremo, que no es el que tenemos ahora, el 77% de los encuestados se manifiesta en contra de que Estados Unidos envíe efectivos a México sin autorización del gobierno mexicano, mientras que solo el 18% está a favor (caso extremo de intervención). Este resultado evidencia que la soberanía nacional sigue siendo un valor central en la opinión pública. Por lo tanto, cualquier acusación o presión externa, como las dirigidas hacia autoridades locales, puede interpretarse como una intromisión indebida, generando reacciones defensivas en la ciudadanía.
Sin embargo, el reporte también revela una postura más matizada cuando la intervención se plantea en términos de cooperación. Nuevamente, solo como recurso analítico, no como escenario plausible ahora, si el gobierno mexicano solicitara ayuda, el apoyo a la participación de efectivos estadounidense aumenta a 48%, frente a 45% en contra. Esto indica que la ciudadanía no rechaza categóricamente la participación de Estados Unidos, sino que condiciona su aceptación a un marco de legitimidad institucional y respeto a la soberanía. En el caso de las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, este matiz es clave: la reacción pública dependerá en gran medida de si se percibe una acción coordinada o una imposición externa.
En cuanto a las expectativas sobre los efectos de una intervención, la opinión está dividida. El 31% considera que la inseguridad aumentaría, el 27% que disminuiría y el 34% que permanecería igual. Esta distribución refleja una alta incertidumbre y escepticismo sobre la eficacia de una intervención extranjera. No existe una narrativa dominante que legitime la intervención como solución clara, lo que limita el potencial de apoyo social a medidas más agresivas impulsadas desde el exterior.
Finalmente, los datos muestran que, ante un escenario de intervención sin autorización, la mayoría de los mexicanos optaría por respuestas diplomáticas. El 50% considera que el gobierno debería buscar el diálogo con Estados Unidos, mientras que solo el 5% apoyaría una respuesta militar. Este dato confirma que la opinión pública privilegia la negociación y la institucionalidad internacional por encima de la confrontación.
En conclusión, la opinión pública mexicana se caracteriza por tres elementos clave: defensa de la soberanía, apertura condicionada a la cooperación y escepticismo sobre la efectividad de la intervención externa. En el contexto de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, estos hallazgos permiten anticipar que la ciudadanía tenderá a rechazar narrativas percibidas como injerencistas, especialmente si no están respaldadas por el gobierno federal mexicano. Al mismo tiempo, existe un espacio para la cooperación bilateral, siempre que se perciba como legítima, coordinada y respetuosa de las instituciones nacionales. En suma, la opinión pública no respalda intervenciones unilaterales, pero tampoco cierra la puerta a esquemas de colaboración bajo condiciones claras de soberanía y legalidad.
