La encuesta de Parametría revela una tensión entre la familiaridad con la doble nacionalidad y la disposición a permitirla entre gobernantes. Sus resultados cuestionan lecturas simplificadoras de la apertura transnacional y del debate periodístico, pero no refutan por sí solos teorías académicas. El estudio comprende 800 entrevistas en vivienda, realizadas entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, con un error reportado de ±3.5 puntos porcentuales.
El primer hallazgo sorprendente es que conocer un derecho no implica extenderlo al acceso al poder. Aunque 71% sabe que una persona puede tener varias nacionalidades, 56% exige exclusivamente nacionalidad mexicana para aspirar a la Presidencia y 50% para una gubernatura. Peter Spiro describe en At Home in Two Countries (2016) la creciente aceptación de la ciudadanía múltiple y el debilitamiento de la exclusividad nacional. La medición introduce un límite relevante a esa narrativa: la normalización jurídica no necesariamente elimina exigencias de exclusividad para gobernar. Sin embargo, la pregunta inicial mide conocimiento, no aprobación del derecho; sería incorrecto afirmar que el 71% lo respalda o que existe una contradicción individual demostrada.
El segundo resultado es la coexistencia de restricciones ampliamente favorecidas y escaso conocimiento legislativo. Solo 28% se enteró de la reforma, mientras 72% no tuvo noticia de ella. A partir de los porcentajes publicados, al menos 28% del total necesariamente exige nacionalidad única para la Presidencia sin haberse enterado de la reforma: 56 más 72 menos 100. Es un límite aritmético aproximado, sujeto al redondeo, no un cruce observado. Esto descarta atribuir toda la preferencia restrictiva al conocimiento de la aprobación. Podría reflejar predisposiciones nacionalistas, señales políticas anteriores o respuestas construidas durante la entrevista. Lejos de contradecir a Zaller y Feldman (1992), estas últimas posibilidades son compatibles con su teoría sobre la formación contextual de respuestas.
El tercer hallazgo matiza la crítica periodística centrada en la exclusión. Salvador Camarena, en “Que el pueblo no decida” (El País, 29 de agosto de 2026), cuestiona la restricción como una limitación del derecho ciudadano a elegir. La encuesta muestra que esa objeción democrática no equivale automáticamente a rechazo social: la opción restrictiva aventaja a la permisiva por 18 puntos en Presidencia y 11 en gubernaturas. La sorpresa es que una medida cuestionada como excluyente puede coincidir con preferencias de una parte considerable del electorado. Ello no invalida la crítica normativa ni demuestra que los entrevistados aceptarían todas las disposiciones concretas de la reforma.
El cuarto resultado es que la mayor exigencia presidencial no viene acompañada de un desplome de la permisividad. Quienes consideran irrelevante una segunda nacionalidad representan 39% para gubernaturas y 38% para Presidencia; los indecisos bajan de 11% a 6%, mientras la exigencia exclusiva sube seis puntos. El patrón sugiere mayor definición ante el cargo presidencial, más que una oposición radicalmente distinta. Sin datos individuales no podemos afirmar que los indecisos cambiaron de respuesta, ni establecer la significancia de diferencias entre preguntas aplicadas a las mismas personas.
También importa el momento: el Senado aprobó el proyecto durante el levantamiento, según informó el Canal del Congreso el 30 de septiembre. Por ello, el desconocimiento declarado no describe necesariamente una reacción posterior a la aprobación completa. Conviene analizar las entrevistas por fecha y revisar la redacción de la pregunta antes de atribuir desinterés a los ciudadanos.
Finalmente, sería exagerado interpretar estos datos como rechazo general a migrantes o identidades binacionales. David Fitzgerald, en “Rethinking Emigrant Citizenship” (2006), distingue pertenencia nacional y participación política, y advierte tensiones en la ampliación de derechos transnacionales. La encuesta es compatible con esa complejidad. Además, representa a residentes adultos con credencial electoral en México, no a la diáspora. Tampoco mide lealtad, corrupción, vínculos familiares internacionales o motivos partidistas. Su contribución más sólida consiste en mostrar que el conocimiento de la doble nacionalidad y la preferencia por gobernantes con nacionalidad única pueden coexistir socialmente. La contradicción principal afecta extrapolaciones sobre aceptación irrestricta; no demuestra que la ciudadanía múltiple produzca deslealtad.
