A la memoria de Ulises Beltrán
La cooperación con Estados Unidos en seguridad es un tema cotidiano para nuestro país. Esta semana nuevamente cobró relevancia por sus implicaciones político-electorales. La acusación y detención del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por su posible colaboración con agentes de la CIA, es un ejemplo de la actualidad del tema.
En su artículo “Los mexicanos y el mundo”, publicado en 2011, González González y Schiavon muestran que el nacionalismo puede coexistir con disposición a colaborar con Estados Unidos, sujeta a límites y costos. Los datos de la Serie Nacional de Parametría, en su última entrega, coinciden con esa interpretación: la aceptación de capacitación y equipo convive con reservas frente a otras modalidades. La encuesta aporta una diferenciación más detallada de instrumentos, útil para estudiar dónde se sitúan esas fronteras de aceptación social, sin reducir las actitudes a simpatía o rechazo al vecino.
El hallazgo principal es que existe respaldo a varias modalidades de ayuda, mientras que otras dividen a la población. La soberanía importa, pero no funciona como un rechazo automático a cualquier participación estadounidense. Esta lectura nuevamente coincide con los estudios de Guadalupe González González y Jorge A. Schiavon, aunque aparecen diferencias frente a sus resultados de 2010.
La capacitación obtiene 69% de apoyo; el envío de agentes a la frontera, 56%; el equipo, 55%; y los drones de vigilancia desde Estados Unidos, 54%. En cambio, enviar agentes al interior del país recibe solo 49%. La distancia de veinte puntos entre capacitación y agentes dentro del territorio sugiere que el respaldo depende del instrumento. Sin embargo, las preguntas hablan de ayuda entre gobiernos: estos resultados no pueden interpretarse como autorización ciudadana para una intervención militar unilateral.
Un segundo hallazgo es que reconocer cooperación y aprobarla son juicios distintos. Mientras 54% considera que la ayuda monetaria sería cooperación, solamente 43% la respalda y 48% la rechaza. La diferencia resulta relevante porque muestra que las reservas no pueden atribuirse únicamente a la soberanía. Podrían intervenir dudas sobre eficacia, condiciones o utilización de recursos.
La distinción también aparece con los agentes en territorio mexicano: 52% interpreta su envío como cooperación y 39% como violación de soberanía. Por tanto, incluso una presencia físicamente más cercana no es percibida uniformemente como injerencia. Al mismo tiempo, el apoyo de 49% evidencia división.
La diferencia histórica más clara se refiere al dinero. Los autores documentaron que 54% del público apoyaba recibir ayuda financiera estadounidense contra el narcotráfico en 2010; Parametría registra solo 43% en 2026. La Serie de Parametría muestra oscilaciones, no una tendencia. El apoyo monetario pasa de 58% en febrero de 2025 a 40% en diciembre y 43% en septiembre de 2026. No hay un avance continuo hacia una mayor cooperación.
Finalmente, 36% considera que los cárteles también son terroristas, frente a 29% en noviembre de 2019; 48% los define solamente como grupos criminales. Crece la aceptación de la etiqueta terrorista, pero permanece como posición minoritaria.
Los cambios de la Serie de Parametría son en general marginales, y salvo los porcentajes que ven a los cárteles cada vez más como terroristas, no hay cambios de tendencia. Es probable que las variaciones correspondan más a cambios de opinión por cobertura mediática coyuntural. Finalmente, el registro de la opinión pública seguirá siendo un indicador y actor de los límites y alcances de esta cooperación. Incluso en casos tan polémicos como la detención del ex fiscal de Chihuahua César Jáuregui.
