La libertad de expresión no da derecho a mentir sino a cumplir la obligación de decir la verdad, la concordancia entre la idea o pensamiento con la realidad objetiva, la realidad que está afuera de nuestras cabezas y que existe con independencia de la conciencia de uno.
Recuerdo una frase de oratoria en los años estudiantiles, que dice: “Libertad, libertad, cuantos crímenes se cometen en tu nombre”.
Crímenes no solo sinónimos de delitos sino todo aquello que es un acto malo, injusto o que va en contra de la ley y de las normas de la sociedad.
La información no nada más es el derecho a ser enterado de lo que se debe sino que también es una obligación de decir la verdad porque si no es así entonces no se estaría informando sino deformando la realidad, lo que es muy dañino para la moral, la salud mental y la cultura; que a veces hace tomar determinaciones erróneas que causan toda clase de daños y perjuicios a las personas y a la sociedad toda.
Ahorita se está discutiendo el derecho de las audiencias, el derecho de todo el público a ser informado, que ha causado mucha polémica porque algunos consideran que puede ser un motivo para el derecho de censura y otros estiman que la nueva legislación es benéfica porque permite el uso pero no el abuso de la información.
Esto no nada más debería ser para la radio y la televisión, sino también para las redes sociales que deben usarse con responsabilidad, con ética, con total respeto a la vida privada y con total apego a la verdad y con tolerancia a las ideas ajenas, a la pluralidad, a la diversidad; recordando el pensamiento de Voltaire:
“Podré no estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé aún con mi vida el derecho que tienes de decirlo”.
También con ese motivo se quiere distinguir entre información y opinión, para evitar abusos; estimando nosotros que lo primero es proporcionar datos, dar a conocer hechos tal y como sucedieron; y lo último es dar una versión personal de cómo se ven esos hechos, haciendo juicios de valor, dando puntos de vista.
Por lo pronto la Presidencia de la República, quiere dar el ejemplo del derecho a la información prohibiéndoles a las y los Secretarios de Estado que se nieguen a proporcionarla, siempre y cuando no esté en riesgo la seguridad nacional o los procesos penales en curso; obligándolos además a hacer públicos cada mes todos los contratos celebrados por el Estado.
