El panorama reciente del crecimiento económico de México es poco alentador. De acuerdo con la información oportuna emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.3 por ciento en el periodo julio-septiembre respecto al trimestre previo. En términos anuales, la actividad económica mostró un estancamiento respecto al mismo trimestre de 2024. Con ello, la debilidad que ha caracterizado en los últimos dos años persiste.
HR Ratings estima que para el cierre de 2025 el crecimiento será de aproximadamente 0.9 por ciento vs. 2024, muy en línea con la expansión promedio de apenas 0.8 por ciento registrada en los últimos siete años. Es importante subrayar que este débil desempeño no puede atribuirse únicamente a factores externos o al impacto de la política comercial del presidente Trump. De hecho, las exportaciones no petroleras de México avanzaron un sólido 7.6 por ciento en los primeros nueve meses del año, un crecimiento todavía mayor que el avance de casi 6 por ciento en los seis años anteriores.
Lo más preocupante es que esta debilidad coincide con una inflación aún elevada. Normalmente, un periodo de bajo crecimiento, como el que estamos viendo ahora, tendería a moderar los precios; sin embargo, en México ocurre lo contrario. Entre julio de 2023 y junio de 2024, el crecimiento promedio anual fue de apenas 2.2 por ciento, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 4.1 por ciento. Más recientemente, entre octubre 2024 y septiembre 2025, el crecimiento fue de apenas 0.6 por ciento mientras que la inflación subyacente se aceleró a 4.3 por ciento, reduciendo el poder adquisitivo de mucha gente.
La combinación de bajo crecimiento y altos niveles de la inflación -lo peor de ambos mundos- sugiere que México podría estar atravesando una situación a la que los economistas llaman “estanflación”, entendida como la coexistencia de estancamiento productivo e inflación persistente. Aunque se espera cierta recuperación hacia 2026, tanto en el crecimiento como en la inflación, existe el peligro de que esta situación se vuelva estructural. Por lo tanto, es importante que analicemos los factores que ponen en peligro la posibilidad de que México encuentre el camino hacia un crecimiento robusto con niveles de inflación aceptables.
Entre los factores más relevantes detrás de esta dinámica se encuentra el estancamiento de la productividad laboral, que limita no únicamente la capacidad del país para sostener un crecimiento robusto sin generar presiones inflacionarias, sino también la sostenibilidad de las políticas públicas que han tratado de mejorar la calidad de vida para millones de mexicanos a través de transferencias sociales y agresivos aumentos en el salario mínimo. Sin mayores niveles de productividad, existe el peligro de que al tratar de sostener estas políticas se pueda acelerar la inflación y provocar incertidumbre que impediría la inversión necesaria para revertir las tendencias negativas en la productividad.
Por el lado positivo, debe reconocerse el avance de la política pública en términos de la reducción en la proporción de la población que vive en situación de pobreza. Según la Inegi, el porcentaje de la población que se encuentra en una situación de pobreza cayó a 29.6 por ciento en 2024, lo cual refleja una mejoría dramática respecto al nivel del 43.2 por ciento observado en 2016. Suponemos que esta mejora se debe en gran medida a las políticas de transferencias personales por parte del Gobierno Federal y a los fuertes incrementos en el salario mínimo. Desde septiembre 2018 hasta septiembre 2025, el salario mínimo ha crecido en promedio 12.2 por ciento real anual, mientras que el salario promedio real de los asegurados en el IMSS se ha incrementado 3.6 por ciento en este mismo periodo.
Sin embargo, hay evidencia que sugiere que la política de mayores transferencias fiscales y fuertes aumentos en el salario mínimo ya no pueden ser sostenibles si no hay primero políticas que fomenten la inversión productiva. Si los salarios crecen persistentemente por encima de la productividad, las empresas verán restringida su capacidad para contratar o invertir, lo que terminará frenando el crecimiento.
El aumento de la deuda del sector público federal, al cierre de 2024, ha reducido el margen de maniobra del gobierno, limitando la inversión pública y poniendo en peligro un nivel de financiamiento adecuado para cubrir los gastos en salud y en educación. En 2025, la apreciación del peso ha ayudado a limitar el aumento en la deuda; al reducir en pesos, la deuda denominada en dólares. Sin embargo, en el largo plazo, si no hay un mayor crecimiento mantener la deuda como proporción del PIB será cada vez más difícil.
En años recientes, el crecimiento económico se ha visto perjudicado por la debilidad en la productividad laboral. De acuerdo con el Inegi, de 2018 a 2024, la población ocupada trabajando tuvo un crecimiento promedio anual de 1.6 por ciento lo cual es muy superior al crecimiento económico de 0.8 por ciento. En lo que refiere al último año, a pesar de un incremento en la fuerza laboral de 0.9 por ciento, entre septiembre 2024 y septiembre 2025, la economía no creció. En otras palabras, estamos produciendo menos riqueza con más personas trabajando. Además, estimamos que de septiembre 2018 a septiembre de este año la proporción de la población ocupada inscrita en el IMSS, con las protecciones y beneficios que este organismo otorga, no ha aumentado, manteniéndose en 37.5 por ciento de los trabajadores totales. En contraste, en los seis años anteriores el porcentaje había subió 4.8 puntos porcentuales. Es decir, que no hemos avanzado en reducir la informalidad de la fuerza laboral en México.
Aunque hay algunos datos por parte del Inegi que sugieren cierta recuperación en la productividad, esto ha sido acompañado por una fuerte desaceleración en el número de personas trabajando y en consecuencia en un lento crecimiento económico incapaz producir los ingresos necesarios para financiar el gasto público y evitar el crecimiento en la deuda.
No negamos que los incrementos en el salario mínimo y en los sueldos de los asegurados son positivos y han contribuido a mejorar la justicia social en la economía mexicana, sin embargo, si esto no va acompañado de mejoras equivalentes en productividad estos aumentos se vuelven insostenibles. Desde el punto de vista macroeconómico, esto implica que los patrones han tenido que aumentar las compensaciones por encima de la productividad de sus empleados. Esto tiene consecuencias y se vuelve un entorno poco positivo para la inversión por parte de las empresas, y peor aún si existe la amenaza de imponer mayores impuestos para cubrir los todavía fuertes déficits del sector público federal.
Finalmente, los mayores salarios combinados con menor productividad tienden a generar inflación y mayores tasas de interés, lo que a su vez encarece el financiamiento público, limitando aún más su capacidad de aumentar su gasto social y su gasto en inversión. Adicionalmente, mayores tasas de interés reducen el número de proyectos de inversión viables por parte del sector privado reduciendo la demanda laboral y la posibilidad de aumentar su productividad creando un entorno contraproducente. Este círculo vicioso podría consolidar un escenario de estanflación estructural.
Para evitar los peligros de una estanflación estructural, México debe encontrar la manera de impulsar la inversión privada productiva y fortalecer la inversión pública, promoviendo simultáneamente la justicia social y la estabilidad macroeconómica. Solo con mayores niveles de productividad será posible mantener los logros sociales recientes sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal ni el crecimiento económico.
