El tamaño de la indiferencia es el de la indignación. Es el mensaje de las mujeres en protesta en Ciudad de México. La nota no son los sucesos, sino la tragedia de un país en curso de una modernidad regateada por la violencia recurrente e incontenible de los depredadores de la mujer, recreada por la indolencia de unos y la soberbia de otros. Grito desesperado que obliga a definir de qué lado estar, sin medios caminos, sin falsas coartadas.
Las estadísticas oficiales son deplorables. Ser mujer es lo más próximo a ser víctima. No importa si es en el hogar, la escuela, el trabajo, la red o la calle. Ser mujer en México es una condición de riesgo y eso mueve a la mayor indignación y a la protesta. No es el reclamo asociado a la disputa por el gobierno, es algo más elemental, la salvaguarda de la dignidad e integridad humanas.
Hasta las acciones policiacas o judiciales de la modernidad tienen su violenta misoginia. En León, Bárbara Botello, humillada por el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez haciendo propia la demanda de los ultras por la afrenta de Bárbara de gobernar León, soltera, bella e independiente, pecado mortal que debe pagarse con cárcel y en la pira de la plaza pública mediática. Las buenas conciencias se dejaron sentir, fue ultrajada y exhibida en su detención. Su denuncia por los golpes infligidos por judiciales no prospera. Como muchas, Bárbara es triple víctima: la policía, la judicatura y la mala prensa. Allí está el caso de la reportera Mitzi Torres, dos policías municipales de Morelia la golpearon luego de que solicitara apoyo, ya que momentos antes había sido víctima de un intento de violación.
También Rosario Robles. Debió llevar su caso en libertad; y si es culpable que lo pague, pero no por anticipado. Es lo justo y civilizado. Pero no para una mujer que dio la cara. Que también responda quien la embarcó en decisiones de discutible legalidad. Vergüenza para la justicia, un juez a modo de sus enemigos jurados: la pareja Bejarano-Padierna.
Es el caso de Cecilia Gurza, la mujer de Carlos Ahumada. Si él tiene pendientes con la justicia que se le haga pagar, pero no se debe incurrir en la cobardía, más próxima a la infamia, de fincar responsabilidad a quien es más vulnerable. Descrédito para el Poder Judicial Federal: el mismo juez con la misma carga personal. La venganza es la divisa de la 4T, es evidente.
Y no se diga a la madre, la hermana y la esposa de Emilio Lozoya. La primera ya aprehendida. Detenida en una cárcel en Alemania y no como se ha hecho creer, en un domicilio particular con los privilegios de ese tipo de detención. Su falta: haber recibido un depósito acreditado en su legalidad por su origen y destino, además cuando su hijo todavía no era servidor público.
Son muchas las mujeres ultrajadas. Las estadísticas son aproximación a una realidad que es indispensable reconocer para así cambiarla. Las condiciones de desventaja hacen que lo peor se ensañe con ellas, ya sea el policía, el fiscal, el gobernante, el juez o el patrón, sin importar género. Algo debe hacerse y desde ahora, porque el problema es generalizado, capilarizado en el tejido social y se reproduce en los vientos de cambio.
Las mujeres en México no solo padecen la iniquidad, como en muchas otras partes. Aquí, ser mujer es vivir en riesgo. Más cuando las encumbradas se suman a la inercia del poder que ningunea la oprobiosa realidad y tergiversa la protesta. ¿De qué sirve un gabinete con mujeres, un Congreso paritario, una jefa de Gobierno y una procuradora en Ciudad de México si el poder las envilece y las despoja de los arrestos para luchar por una causa que debiera ser de ellas, por sus madres, hermanas e hijas, por todos?
Efectivamente, como se ha dicho, Andrés Manuel López Obrador no tiene el privilegio del amor sublime que dispensa una hija. Sus palabras del pasado martes aludiendo a la provocación, plenas de soberbia así lo revelan.
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