Hay causas por las que vale la pena morir, pero ninguna por la cual matar. Albert Camus
En apego a los marcos normativos multilaterales y regionales que rigen a México y a nuestro compromiso con la paz, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula su producción por dependencias autorizadas y la venta para uso privado. No obstante, el tráfico ilícito de armamento a lo largo de más de 3 mil kilómetros de frontera con el mayor mercado, productor y exportador de armas y municiones en el mundo prevalece como un principal reto en nuestra relación bilateral.
Este desafío, sustentado en la Segunda Enmienda Constitucional de Estados Unidos, que garantiza el derecho a portar armas a sus ciudadanos, se agudizó a partir de 2004, cuando expiró la prohibición de producir, transferir o poseer armas de asalto semiautomáticas para uso civil en ese país. Desde entonces, somos testigos de asesinatos en escuelas estadunidenses por menores de edad, o en masa por individuos que acceden sin restricciones a armas de venta pública. Más aún, la disposición dotó a las organizaciones criminales transnacionales de un enorme poder de fuego, que afecta tanto a México como a nuestro vecino del norte.
Una encuesta de octubre de 2018 del Pew Research Center revela que casi seis de diez adultos en Estados Unidos están a favor de hacer más estricta la legislación sobre armas, y que el 47 por ciento de los adultos considera que habría menos tiroteos escolares si se regulara más su uso. De igual manera, tanto demócratas como republicanos coincidieron en reforzar medidas para impedir la venta de armas a personas con problemas mentales o que estén registradas en listas de observación gubernamental.
Por otro lado, datos de 2017 del centro mencionado muestran que tres de cada diez adultos en Estados Unidos tenían un arma de fuego. En ese mismo año, cerca de 40 mil personas murieron por violencia armada, con un incremento de 19 por ciento respecto a 2012. Para 2016, la Oficina Federal de Investigación (FBI) estimó 30 asesinatos diarios por esta causa. El 72 por ciento de los adultos informó que ha disparado un arma y 29 por ciento que tiene más de cinco.
Sobre este grave desvío de armas a civiles, la organización Small Arms Survey identifica que en el registro mundial más de 70 por ciento está en manos privadas, incluyendo menores de edad. El 42 por ciento se concentra en Estados Unidos, con 270 millones. Sin embargo, no toda la producción de armas de fuego en ese país permanece ahí. El Instituto de Investigación para la Paz en Estocolmo revela que la nación norteamericana concentra 33 por ciento de las ventas mundiales de armas a 100 países, con 46 de las 100 principales empresas en el orbe. El 16 por ciento de dichas ventas tiene como destino el mercado mexicano.
Las agencias de procuración de justicia en Estados Unidos estiman que hay más de 56 mil 500 armerías, y tan solo en los cuatro estados que colindan con México se ubican más de 9 mil establecimientos legales de venta. Adicionalmente, en la zona fronteriza se registran más de 22 mil licencias para la venta de armas, incluso en ferias, por internet —donde ninguna autoridad regula este comercio—, o en los principales supermercados.
Aunque son escasas las estadísticas sobre el flujo ilícito de armas de fuego por nuestra frontera norte, el Center for American Progress calcula que cada año cruzan hacia México más de 230 mil armas procedentes de Estados Unidos, mientras que 300 millones circulan en su mercado. Más de 60 por ciento proviene de un fabricante o distribuidor de ese país. Entre las detenciones por tráfico de armas se encuentran estadunidenses que las adquieren en tiendas autorizadas, y que las introducen vía terrestre a México. Un estudio de 2017 publicado en Annals for Internal Medicine estima que 22 por ciento de los propietarios las consiguieron sin pasar por la verificación de antecedentes penales.
Sin duda, esto ha repercutido en los decesos por armas de fuego en México. Según estadísticas de mortalidad del Inegi, en 2006, 5 mil 735 personas fallecieron por violencia armada, lo que representó 54.9 por ciento del total de homicidios. En 2018, la cifra tuvo un incremento alarmante, pues 24 mil 349 personas perecieron por esta misma causa, lo que representó 67.7 por ciento del total. Por su parte, Small Arms Survey reportó que, en 2016, 50 por ciento de los asesinatos violentos en el mundo se perpetró con armas de fuego, situando a México en el lugar 11 y a Estados Unidos en el 23.
Frente a tan complejo escenario con el país vecino, que también ha experimentado en carne propia el dolor de este flagelo, nos hemos propuesto fortalecer la cooperación bilateral para establecer mecanismos con mayores niveles de colaboración y medidas que refuercen los controles sobre la posesión, el tráfico ilícito y la venta de armas a ciertos usuarios en particular. Lo anterior, tomando en cuenta que hay riesgos de desvíos al crimen organizado o al terrorismo.
La reducción de los niveles de violencia en nuestros países también implica que nuestros Congresos, en México y en Estados Unidos, sostengan un debate franco, constructivo y con visión regional sobre la prohibición y regulación de venta, desvío y tráfico ilícito de armas de asalto. Consideramos que el control de las exportaciones y transferencias de armas debe estar a cargo de nuestras autoridades, con el apoyo de las empresas privadas, y no de la delincuencia organizada transnacional.
Ambos países contamos con marcos legislativos que aún tienen margen para reforzarlos. Estamos convencidos de que, para resolver esta grave coyuntura, se necesita crear consensos, no repartir culpas. Es un problema que nos afecta a todos como sociedad y gobierno, y por ello requiere de un esfuerzo que involucre a productores, importadores e intermediarios. Tenemos que cerrar el paso entre nuestros países a los traficantes y a los desvíos por corrupción, a fin de que estas armas letales no caigan en poder de organizaciones criminales.
*Jefe de Oficina del canciller
